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“Las ideas se
exponen
no se imponen”
CAEN
Centro de Altos Estudios Nacionales
ESCUELA DE POSGRADO
Revista
CUADERNOS DE TRABAJO
N° 20
31 de diciembre de 2022
LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y
LA SEGURIDAD
NACIONAL
Revista Cuadernos de Trabajo - N°20
-
Créditos
Los medios de comunica ción y la seguridad nacional.
Centro de Altos Estudios Nacionales
Escuela de Posgrado
CAEN-EPG
Revista CUADERNOS DE TRABAJO
N°20
Cuadernos de trabajo
Director General CAEN-EPG
Gral Div Walter Astudillo Chávez
Director de Investigación Académica
CAEN-EPG
Dr. Carlos Castilla Bendayán
Director Revista Académica
Cuadernos de Trabajo
Dr. Carlos Castilla Bendayán
Editor
Mg. Fernando Elías Zegarra López
Corrección de Estilo
Lic. Kelly Rosa Figueroa Almonacid
Diagramador
CC
$
Bach. Luis David Ochoa Modesto
BY NC SA
ARTE AD GLORIAM ASCEND
CAENCentro de Altos
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Estudios Nacionales
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ESCUELA DE POSGRADO
“Las ideas se
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no se imponen”
Revista Cuadernos de Trabajo - N°20
ÍNDICE DE CONTENIDOS
Presentación: pp. 4-5
PP. 6-20
Los intereses nacionales, la integridad del estado
y las fuerzas armadas.
Manolo Eduardo Villagra
STEP 02
PP. 21-28
El irreal sistema de abastecimiento nacional
y su influencia en la gestión de los activos
críticos nacionales.
Edwars Orizano Ríos
PP. 29-38
La gobernanza y desarrollo humano en la
política de seguridad y defensa nacional.
Helga Cecilia Frech H.
PP. 39-50
Prensa libre e informada para la
seguridad nacional.
Fernando Elías Zegarra López
CLAÚSULA DE RESPONSABILIDAD
Las ideas contenidas en los artículos
de la presente revista virtual son de
responsabilidad de sus autores y no
reflejan necesariamente el pensamien-
to de esta casa superior de estudios.
“Las ideas se
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no se imponen”
Revista Cuadernos de Trabajo - N°20
Presentación
Fernando Elías Zegarra López
Un pueblo sin educación puede convertirse en una preocupación con magnitud de amenaza para
la Seguridad Nacional, peor si su condición lo hace rebelde ante las normas estatales que regulan la repú-
blica. Por tal razón, es muy importante que la mayoría de peruanos reciban una sólida educación cívica,
para que se comporten como buenos ciudadanos; conozcan que tienen derechos, y entiendan que ellos
tienen un límite: el derecho de su prójimo. Cuando –por incapacidad–este contexto se desborda y se
torna incontrolable, se puede rozar con la anomia y la ingobernabilidad generando escenarios de riesgo
con efectos negativos para el quehacer individual y nacional.
Por tal razón, nuestra principal norma legal, la Constitución Política del Perú, apropiadamente
señala que la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana, en la cual el
Estado juega un rol sustancial, asegurando que nadie se vea impedido de recibir la educación adecuada,
al igual que los padres de familia, por el deber que tienen en educar a sus hijos. Adicionalmente, coadyu-
vando con este propósito, nuestra “ley de leyes” prescribe que los medios de comunicación social deben
colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural.
La educación para el desarrollo integral implica una formación de valores cívicos, conocimientos
y capacidades con el objeto de que –en su momento– el individuo pueda efectuar una actividad económi-
ca que le conduzca a una vida digna, coexistiendo decentemente en la comunidad que habita. En este
proceso, todos los peruanos debemos entender la necesidad de reconocer, aprehender y poner en práctica
la normatividad que permita ejercer nuestra ciudadanía, acatando normas básicas de comportamiento
que facilitan el buen vivir. Esas pautas cardinales llevadas a los hechos –en el ámbito nacional– consoli-
dan el estado constitucional y democrático de derecho, cuyo ejercicio facilita la creación de condiciones
que nos permitirá disponer de mejores niveles de paz y tranquilidad, lo cual, consecuentemente irradiará
certidumbre para disponer de mayor inversión privada, favoreciendo a nuestra economía.
Pero, en la vida real de nuestro Perú, la educación cívica es deficiente; existe un porcentaje signi-
ficativo de personas que les importa muy poco conocer las reglas ciudadanas y menos cumplirlas, situa-
ción que ha sido notoria en el mes que cierra el “año del fortalecimiento de la soberanía nacional” en el
cual hemos sido vulnerados por varios flancos, empezando por la autoridad responsable de dirigir –nada
menos que– el Sistema de Defensa Nacional, y como colofón de su desafortunado paso en el Poder
Ejecutivo vulneró la institucionalidad democrática, declarando la disolución inconstitucional del Con-
greso de la República, con el aplauso de miles de peruanos mal educados que –equivocadamente– salie-
ron a protestar, pidiendo el cierre del parlamento nacional y exigiendo otro quiebre constitucional, con
la intención de instaurar una nueva constitución, en contra de lo que señala nuestra norma máxima, y –en
casi todos los casos– realizando actos violentos que calzan con el delito de terrorismo. Adicionalmente,
gobernantes de otros países levantaron sus voces apoyando al ex gobernante, en una clara intromisión a
nuestros asuntos internos. Ante tales evidencias, la conducta de la prensa exige su directa interposición
para orientar a los desubicados. En contraposición, algunos guardan silencio, miran de costado en contra
de su obligación, o incluso incentivan la manifestación desacertada, ganándose el rótulo de pertenecer al
“vil oficio”.
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no se imponen”
Revista Cuadernos de Trabajo - N°20
La falta de educación cívica de la población, ha tenido como resultado pobres niveles de interés
para involucrarse en la vida política nacional dando, con su voto, libre licencia –en el manejo del timón
de nuestra administración pública– a personas incapaces e inmorales para tal fin. En esta parte de la
educación, es donde cobra relevancia la actuación de los medios de comunicación, que a su vez requie-
ren conectarse con el conocimiento necesario, y así puedan aportar en la construcción de una opinión
pública responsable. De allí la importancia de su intervención orientadora para que la protección de los
objetos de la Seguridad Nacional no se vea perjudicada por personas que la misma sociedad y el Estado
deben proteger.
Es por esta razón, que la presente edición, destaca algunos factores de la vida nacional que nece-
sitan el apoyo de los medios de comunicación. En primer término, Manolo Eduardo subraya que el sector
educativo es el principal promotor del desarrollo de capacidades de juicio crítico y discusión asertiva,
con la finalidad que la ciudadanía alcance una verdadera concientización para involucrarse en el enfren-
tamiento a las amenazas emergentes, como la crisis hídrica y la contaminación ambiental, y que en este
menester los medios de comunicación tienen una ocupación trascendental.
Luego, Edwars Orizano analiza la Ley de contrataciones y su Reglamento y pone en relieve la
demanda de implementar un sistema de abastecimiento basado en procesos, protocolos, acciones y flujos
claramente definidos y estandarizados que logren dinamizar la acción del abastecimiento técnico, invo-
lucrando todos los eslabones del sistema, acción que se verá fortalecida con el apoyo de los medios de
comunicación.
Por su lado, Helga Frech nos ofrece el artículo “La gobernanza y desarrollo humano en la Política
de Seguridad y Defensa Nacional” en el que indica que los medios de comunicación cumplen un rol
esencial en la socialización de los derechos y en particular de los deberes de todos los ciudadanos en
favor de la Seguridad Nacional, particularmente para difundir información objetiva y veraz que coadyu-
ve con el desarrollo sostenible del país.
Finalmente, se presenta un análisis en torno al rol de los medios de comunicación y la Seguridad
Nacional, observando los problemas que se presentaron en nuestro pasado reciente, exhortando la opti-
mización de las acciones propias de su función constitucional, particularmente para el fortalecimiento
del orden constitucional y la edificación de una cultura de seguridad nacional, que se refleje en una
sólida identidad nacional traducida no únicamente en el amor al suelo patrio, sino en la plena identifica-
ción de su ordenamiento legal concretado en el irrestricto respeto a la ley.
Es inadmisible que existan peruanos que quieran quebrar la base fundamental de la existencia de
la República del Perú, por su terca y limitada capacidad para comprender que el orden es valioso para
contar con los elementos indispensables que contribuyan al crecimiento económico. Es injustificable que
el uso de la violencia sea empleado en el despreciable objetivo de quebrantar la Constitución Política
para cambiarla por el caos de ideologías foráneas, en detrimento del esfuerzo realizado por nuestros
antepasados que, desde 1823 nos legaron el marco de institucionalidad y el régimen democrático en
provecho del futuro de las venideras generaciones. Los medios de comunicación, por tanto, para realizar
bien su trabajo, deben contar con profesionales que –con el conocimiento adecuado– canalicen informa-
ciones y enfoques coherentes a fin de favorecer la disposición de una opinión pública que irradie la
voluntad de trabajar en beneficio del Perú.
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no se imponen”
LOS INTERESES NACIONALES, LA
INTEGRIDAD DEL ESTADO Y LAS FUERZAS
ARMADAS
NATIONAL INTERESTS, THE INTEGRITY OF THE
STATE AND THE ARMED FORCES
Manolo Eduardo Villagra
29727085@caen.edu.pe
Centro de Altos Estudios Nacionales
ORCID: https://orcid.org/0000-001-9151-5058
Magíster en Ciencias Militares con mención en Planeamiento Estratégico y Toma de Decisiones,
Magíster en Gestión e Innovación Tecnológica, Magíster en Ciencias de la Educación, Licenciado en
Administración, Diplomado en Seguridad y Defensa Nacional, y Diplomado en Liderazgo y
Planeamiento Estratégico. Ha realizado el Programa de Comando y Estado Mayor Conjunto. Es
colaborador del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú (CEEEP). Actualmente participa
en el VII Doctorado de Desarrollo y Seguridad Estratégica en el Centro de Altos Estudios Nacionales
(CAEN-EPG).
Resumen
La preocupación por asegurar que todos los ciudadanos tengan un desarrollo integral demanda
del Estado una especial atención en viabilizar los caminos para que ese estado ideal se concrete. Sin
embargo, en las últimas décadas, desde los noventa aproximadamente, las diversas amenazas, más aún
con la pandemia por la COVID-19, han evidenciado las profundas brechas que se tienen en seguridad.
Frente a ello, se propone un nuevo enfoque para abordar la seguridad, ahora desde el desarrollo
humano. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas (FF. AA.), al igual que todos los actores sociales de un
país, tienen la responsabilidad de garantizar el desarrollo nacional, fortaleciendo la seguridad. Para
lograrlo es necesario compartir una conciencia social que identifique las amenazas contemporáneas y
las crisis emergentes y responder adecuadamente frente a estas. El sector educativo es el principal
6
promotor del desarrollo de capacidades de juicio crítico y discusión asertiva, con la finalidad, de
alcanzar una verdadera concientización. Compromiso que los medios de comunicación y las redes
sociales, deberían asumir, precisamente, para fomentar el intercambio de conocimientos y los espacios
de debate sobre los intereses en común de la nación; como lo son las amenazas a la seguridad nacional.
En el siguiente artículo se analizarán los aspectos referidos a la conciencia social, el rol de los medios
de comunicación, las amenazas a la integridad y seguridad del Estado, así como el rol de las Fuerzas
Armadas para preservar los intereses nacionales y la conquista de los objetivos propuestos al 2050.
Palabras clave: Intereses nacionales, concientización, medios de comunicación, supervivencia
del estado, amenazas contemporáneas, educación.
Abstract
The concern to ensure that all citizens have comprehensive development demands special attention
from the State in making the paths viable for that ideal state to materialize. However, in recent decades,
since the 1990s or so, the various threats, even more so with the COVID-19 pandemic, have revealed
the deep gaps in security. Faced with this, a new approach is proposed to address security, now from
human development. Therefore, the Armed Forces (FF. AA.), like all the social actors of a country,
have the responsibility of guaranteeing national development, strengthening security. To achieve this,
it is necessary to share a social conscience that identifies contemporary threats and emerging crises and
to be able to respond adequately to them. The educational sector is the main promoter of the
development of critical judgment and assertive discussion capacities, in order to achieve true
awareness. Commitment that the media and social networks should assume, precisely, to promote the
exchange of knowledge and spaces for debate on the common interests of the nation; as are threats to
national security. The following article will analyze the aspects related to social conscience, the role of
the media, threats to the integrity and security of the State, as well as the role of the Armed Forces to
preserve national interests and the conquest of the objectives proposed for 2050.
Keywords: national interests, awareness, media, survival of the state, contemporary threats,
education.
7
Introducción
Jean Jacques Rousseau, filósofo francés conocido por ser un enciclopedista, señaló que “la
igualdad no significa que todos tengamos la misma riqueza, sino que nadie sea tan rico como para
poder comprar a otro y que nadie sea tan pobre como para tener que venderse” (Córdoba, 2019, p. 1).
De lo que se entiende que, en una nación moderna y, más aún, en la posmoderna, se requiere de un
Estado que vele por el bienestar de cada ciudadano al brindarles seguridad para un adecuado desarrollo.
Por otro lado, Carl von Clausewitz (1989), teórico militar de gran significancia a la doctrina militar,
explicaba que:
Cuanto más importante y de mayor entidad sean los motivos de la guerra, cuanto más afectan a
los intereses vitales de los pueblos, con mayor empeño se tratará de derribar al adversario,
entonces tienden a confundirse objetivo guerrero y fin político y la guerra aparece menos
política y más puramente guerrera. (p.182)
Es decir, parte de las responsabilidades del Estado es brindar seguridad a su nación, pero esta
no puede estar desvinculada de la política, ya que alcanzarla no solo involucra la Defensa, sino también
contar con un adecuado marco legal que la fomente y proteja.
En el Perú, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) presentó el Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. En dicho documento se puede leer lo siguiente respecto de
la visión del Perú al 2050 “…somos un país democrático, respetuoso del Estado de derecho y de la
institucionalidad, integrado al mundo y proyectado hacia un futuro que garantiza la defensa de la
persona humana y de su dignidad en todo el territorio nacional” (p. 21). Además, se agrega que:
El Estado constitucional es unitario y descentralizado. Su accionar es ético, transparente, eficaz,
eficiente, moderno y con enfoque intercultural. Juntos, hemos logrado un desarrollo inclusivo,
en igualdad de oportunidades, competitivo y sostenible en todo el territorio nacional, que ha
permitido erradicar la pobreza extrema y asegurar el fortalecimiento de la familia. (CEPLAN,
2022, p.21)
De modo que para el 2050, se plantea que el Estado supere muchas de las amenazas actuales y
que, al mismo tiempo, desde un enfoque de desarrollo humano, las personas se sientan con la
posibilidad de desarrollarse en un ambiente seguro.
8
Frente a este escenario se hace oportuna una reflexión respecto de los ejes fundamentales que
han de considerarse para alcanzar dicho estado deseado. Entonces, en las siguientes líneas se analizan
dichos pilares para el desarrollo y la seguridad nacional, así como quiénes podrían responsabilizarse
de las acciones por realizar.
Conciencia social y los intereses nacionales
La conciencia social permite que las personas se reconozcan como parte de una unidad y un
territorio, con quienes participan en intereses y metas comunes. Primero, de todas las instituciones
sociales —casa, escuela, iglesia, entre otros— (Giddens, 2000), la segunda es la responsable de los
mecanismos cognitivos que hacen a un sujeto desarrollar capacidades, habilidades y competencias que
sean las adecuadas para alcanzar todos sus objetivos (Rodríguez, 2009). Sin embargo, actualmente, los
actores educativos han evidenciado que los objetivos propuestos en los centros de formación no están
alcanzando los resultados deseados. En la investigación de Rodríguez (2009), se plantea que:
Los colegios parecen estar atravesando por un momento importante de cambios. Sin embargo,
esto no es un sentir en el conjunto de la institución, sino sobre todo en el nivel de los directivos,
quienes se muestran más conscientes de la necesidad de ciertos cambios. Relacionados con el
tema del estudio, los ámbitos de la vida institucional en los cuales se señalan cambios en
proceso son los de los estilos de enseñanza, la disciplina y la coeducación. (p. 118)
De modo que, si desde la dirección de los centros educativos se está considerando ello, cabe
preguntarse cómo estará el desarrollo de la conciencia social de los estudiantes. Por un lado, la
conciencia social se entiende como la actividad mental en la que una persona siente empatía por otros
y se sensibiliza con ellos, quienes son miembros de su comunidad o grupo (Mantilla, s.f.). Este
planteamiento se postula desde la propuesta sociológica de la conciencia colectiva en la que Durkheim
recoge la concepción de la solidaridad orgánica, jurídica y religiosa con la moralidad que propone
(Mantilla, s.f.). Por lo tanto, desarrollar una conciencia social involucra contar con los siguientes
argumentos, esto en correspondencia con el razonamiento de Gurvitch:
9
Figura 1
Argumentos de la conciencia social
Identidad e
identificación de las
conciencias
individuales
Ascendencia moral
Formas de
de la conciencia
sociabilidad
colectiva
Universalidad
Conciencia del
lógica de las
deber
preocupaciones
Conciencia colectiva
Fundamentos
de ideales y recursos
objetivos
Nota. Adaptado de Mantilla (s.f., p. 365)
Por lo tanto, la conciencia social no solo se queda en el aspecto cognitivo, sino que tiene un
vínculo ineludible con la realidad y el ambiente que rodea al sujeto. La construcción de estos puentes
entre lo cognitivo y lo real, le corresponde asumirlos a la educación.
En el Perú, el Proyecto Educativo Nacional al 2036 propone como visión, los mismos Objetivos
del Desarrollo Sostenible (ODS), y los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050
(CEPLAN, 2022):
Todas las personas en el Perú aprendemos, nos desarrollamos y prosperamos a lo largo de
nuestras vidas, ejerciendo responsablemente nuestra libertad para construir proyectos
personales y colectivos, conviviendo y dialogando intergeneracional e interculturalmente en
una sociedad democrática, equitativa, igualitaria e inclusiva, que respeta y valora la diversidad
en todas sus expresiones y asegura la sostenibilidad ambiental. (MINEDU, 2020, p.61)
Sin embargo, alcanzarla involucra que la nación cuente con seguridad para que todos, desde sus
diferentes funciones, contribuyan con el desarrollo nacional. Nadie puede amar o cuidar lo que no
10
conoce y por ello, la responsabilidad de la educación es lograr una concientización de la sociedad en
los intereses nacionales (recursos naturales para la supervivencia del estado, activos críticos nacionales
y respeto al principio de su soberanía jurídica legal, entre otros), ello relacionado con la historia,
educación, bases éticas, valores cívicos y costumbres de los ciudadanos en todo el territorio. Aspectos
que, en la investigación de Rodríguez (2009), se habían señalado como los que demandan una
reestructuración del aprendizaje. Villegas y Villegas (2019) agregaban que, la conciencia social debe
de ser construida de manera cotidiana en una dinámica de “acercamiento teórico y bajo una postura
crítica, que posibiliten interpretar la realidad, a partir de la construcción de un conocimiento
fundamentado, …generar actitudes de compromiso con la acción” (pp.4-5). Por lo tanto, en la
actualidad, la educación no ha logrado desarrollar esta manera de concientización y esto dificulta que
las generaciones egresadas de las diferentes etapas del proceso educativo y quienes particularmente se
encuentran en formación, puedan alcanzar conciencia social de los intereses nacionales. De modo que,
el hacer frente a las amenazas se hace más complejo porque la nación no conoce los riesgos a su propia
seguridad.
Los medios de comunicación social y los intereses de la nación
Marshall McLuhan, filósofo canadiense, planteó el concepto de aldea global para describir la
rapidez con la que los medios de comunicación, basados en la internet y los satélites, pueden superar
cualquier distancia y así, hacer que prospere el intercambio de información (Mussico, 2022). Este
planteamiento revela la importancia del manejo de información en términos de rapidez y seguridad de
los datos. Aplicar estos criterios a un discurso orientado a la protección de los intereses nacionales, se
hace prioritario para un Estado cuya misión es fortalecer su tejido social y alimentar la identidad
nacional. Tomando en cuenta que, en los últimos veinte años, con el desarrollo técnico en la captación
y transmisión de imágenes y de datos en formatos de grabación, las formas de intercambio y la
velocidad con las que se realizan se han intensificado significativamente. Esta última dinámica descrita,
ahora también es parte de la vida diaria de las nuevas generaciones y, por ende, parte del imaginario
colectivo.
11
Con el manejo de datos nacionales e internacionales en tiempo real, junto a la variedad de
fuentes informativas, es un riesgo que tanta información circule sin que esta cumpla con los criterios
mínimos de calidad, que aporten al desarrollo nacional. En este sentido, las fake news, que se han hecho
muy populares, agravan el desconocimiento o manipulación de los datos desde enfoques que podrían
tildarse de “sesgados” y que pierden la objetividad de la información, lo que lleva al público a juicios
lejanos de la realidad bajo argumentos falaces (Mendiguren, Pérez y Meso, 2020). Bacon señalaba que
“el saber es poder” (Espinoza, 2016, párr. 5), es decir, contar con conocimientos y manipularlos puede
ser el origen para influir en otros de manera muy específica. En consecuencia, el poder que brinda
manejar información, si se realiza de manera positiva, podría fomentar en la nación una identidad
nacional y guiarla permanentemente en la preservación de sus verdaderos intereses. De ahí que, es
prioritario y relevante procurar la objetividad y calidad de la información que se maneja.
En la mayoría de los contenidos que se ofrecen en redes sociales se puede identificar que, lejos
de fortalecer una conciencia cívica de respeto a la sociedad, se genera lo contrario, es decir, una fractura
o debilitamiento de esta. El manejo de diferentes discursos, algunos de ellos con enfoques que sirven
a determinadas voluntades, y que valoran al espectador como un sujeto manipulable, mas no como un
ciudadano que desea estar mejor informado y que, luego, no solo llegará a replicar los datos, sino que
debe de desarrollar un juicio crítico frente a ellos (Riffo, 2015). Los medios de comunicación deberán
comprometerse a brindar información confiable y que invite a la discusión, con mayor énfasis en las
amenazas que se presentan para la nación, considerando que el país, pese a sus más de doscientos años
de independencia, todavía se encuentra en la construcción de una identidad nacional (Castro, 2019).
Entonces, a fin de consolidar una unidad entre todos los peruanos, los medios de comunicación y las
redes en general podrían sumarse procurando gestar espacios para evidenciar la realidad de las
amenazas y cómo estas ponen en riesgo la seguridad de cada ciudadano.
Por lo tanto, un adecuado análisis de los problemas nacionales, en especial, de aquellas
amenazas que atentan contra la seguridad de la nación se alejaría del sensacionalismo y se esforzaría
por cumplir su compromiso formativo con la población. Cabe indicar que, algunos medios han señalado
que ellos “están para entretener y no para educar”; sin embargo, la realidad comparada en
investigaciones y en la dinámica de los medios de comunicación de otros países ha permitido evidenciar
la gran influencia que esta diversidad de programas puede tener en los ciudadanos y espectadores
(Vizuete, 2013). La prensa como tal, debe sumar a la consecución de los objetivos nacionales, crear
12
conciencia cívica en la población a través del fortalecimiento de su educación y sobre todo contribuir
a la construcción de un peruano virtuoso.
Las amenazas a la seguridad y a la integridad del Estado
Se entiende una amenaza como la suma de:
actividades o acciones que son percibidas como una situación latente en la que un actor con
intención y capacidad puede afectar la seguridad nacional. También, comprende aquellas
situaciones o manifestaciones de la naturaleza que pueden afectar a los intereses nacionales.
(Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, 2015, p.51)
Es decir, son las amenazas las que ponen en riesgo la seguridad de un país. Aunque, la
concepción que se tiene respecto de la seguridad es polisémica, se puede intentar proponer como
definición que una sensación, una condición alcanzada, en el que se evidencia la ausencia de amenazas
respecto de su ambiente social y natural, al ser un escenario ideal, muchas veces, a lo largo de la
historia, los Estados han tenido que luchar para conquistarla (Secretaría de Seguridad y Defensa
Nacional, 2015). De modo que, la seguridad se debe alcanzar.
La investigación ha identificado que existen diversos tipos de amenazas, mismas que pueden
agruparse en tradicionales y “emergentes”. Ambas conviven de manera paralela y, en medio de ellas,
el Estado despliega sus capacidades para alcanzar la seguridad. Nos referimos al terrorismo, la pobreza
extrema, la exclusión social, los desastres naturales y también se cuentan las amenazas que provienen
del exterior. En las internas, mencionamos la falta de democracia en las instituciones gubernamentales
(Rodríguez, s.f.). Cabe hacer mayor énfasis en las “amenazas emergentes” o nuevas amenazas,
entendiendo así a las “de naturaleza diversa, alcance multidimensional e incluso transnacional, que
afectan en diversos grados la seguridad del Estado y ponen en riesgo su institucionalidad” (Gómez de
la Torre, 2020, diapositiva 7). Las amenazas a la integridad y seguridad del Estado pueden convertirse
en una realidad: la crisis hídrica, alimenticia, ambiental, de inmigración, entre otras hoy por hoy, son
parte de las amenazas emergentes que no deben ser pasadas por alto y que deben incluirse en el proceso
de formación de los estudiantes para que puedan profundizar su impacto y los daños que pueden causar.
Únicamente al conocer el panorama completo, la ciudadanía se sumará a los objetivos propuestos en
13
la visión nacional que se tiene. De ahí que se requiere una estrategia por parte del Estado para que el
futuro sea seguro para todos.
Estrategia del Estado para asegurar su supervivencia en escenarios futuros
El Estado peruano con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 (PEDN, 2022), se
plantea como un país en concordancia al contexto global que analiza su realidad, reconoce los retos
desde el exterior, identifica oportunidades y los riesgos y amenazas desde el entorno externo, cuya
característica principal es la necesidad de ser atendidos en forma multidimensional por parte del Estado,
como se pone en evidencia en la Figura 2.
Figura 2
Riesgos y amenazas del entorno externo
Ciberdelincuencia
Terrorismo
Crisis hídrica
Degradación del
Crisis sanitaria
medio ambiente
Nota. Adaptación de CEPLAN (2022, pp. 54-55)
Cabe señalar que, debido al reordenamiento mundial post pandemia COVID-19, Guerra Rusia
Ucrania, y las pugnas entre EE. UU. y China por el control de la economía y el comercio global, se
consolida con mayor consistencia la necesidad de una estrategia nacional para asegurar su
supervivencia en escenarios futuros. Entonces, el PEDN no es una estrategia, es un plan que ha de ser
implantado para que pueda hacer frente a esos nuevos escenarios.
14
En este sentido, el CEPLAN tendría la responsabilidad de articular el plan con la estrategia que
se proponga. Aunque, actualmente, el desarrollo se propone desde un enfoque multisectorial se ha de
requerir la participación de los diferentes ministerios. Asimismo, a diferencia de la percepción
tradicional, que sostenía que la seguridad nacional era responsabilidad solo de las Fuerzas Armadas
(FF. AA.), ahora, la doctrina propone que todos los ciudadanos tienen cierto grado de responsabilidad
y participación, pues se enfoca en el desarrollo humano. Sin embargo, son las FF. AA. las que tendrán
un rol protagónico de acuerdo con el rol que les corresponde.
En la primera etapa se requiere identificar las amenazas y los riesgos, así como los alcances
que pueden tener en la realidad nacional. En este punto incluso, se puede tomar en cuenta información
obtenida en investigaciones internacionales y no solo nacionales (Cavero, 2019). Segundo, los
tomadores de decisiones, como es el caso de los gobernantes, políticos y funcionarios, deben desarrollar
una conciencia social para enfrentar las amenazas desde un enfoque multidimensional. Tercero, se
establecerán alianzas con las instituciones, universidades y sector privado que genere investigación a
fin de manejar datos actualizados y aunar esfuerzos para manejar el mismo discurso de Seguridad
Nacional. Cuarto, organizar los equipos de trabajo y seguimiento de los alcances y avances.
Finalmente, realizar autoevaluaciones progresivas desde las responsabilidades que le correspondan a
cada institución.
Cabe indicar que esta estrategia requiere del apoyo del Ministerio de Educación en la medida
que el Proyecto Educativo Nacional comparta objetivos con la propuesta de Seguridad Nacional.
Primero, al reconocer la centralidad de la educación desde un enfoque de desarrollo humano se supera
la pretensión de aislar la educación solo a nivel teórico cuando la clave es que la educación sea dinámica
(Iguiñiz, 2005). Segundo, la preparación del currículo es una propuesta de reforma que responde a los
nuevos paradigmas que se diseñarían desde la propuesta estratégica de seguridad (Eguren, Belaunde y
Gonzáles, 2019). Entonces, la educación resulta fundamental para que los objetivos del plan y de la
estrategia se concreticen en la sociedad.
15
Las Fuerzas Armadas y la seguridad e integridad del Estado
Gómez de la Torre et al. (2018) explicaba que, desde la Constitución de 1993, las FF. AA.
asumieron nuevos roles constitucionales: (a) garantizar la independencia, la soberanía e integridad
territorial; (b) participar en el orden interno; (c) participar en el desarrollo nacional, económico y social;
(d) participar en la Defensa Civil; (e) participación en las Operaciones de Paz (OPAZ) (política
exterior). En este marco, en consideración de la estrategia referida en líneas anteriores, las Fuerzas
Armadas –además de instruirse, prepararse y entrenarse para el cumplimiento de su rol fundamental y
roles subsidiarios– deberán ser el elemento reactivo del sector defensa y carta estratégica del Estado
peruano. Es por ello, que los tomadores de decisiones de índole político deben de asegurar y garantizar
al país, unas FF. AA. equipadas, acondicionadas y en altos niveles de operatividad frente a las
amenazas contemporáneas, emergentes y crisis venideras que así lo exigen. Sólo así, se podrá
garantizar el valor público de su debido sostenimiento, lo que respondería al bienestar y estado de
seguridad que requieren los peruanos.
Conclusiones
La primera conclusión es que la actual situación de la educación nacional, no ha fomentado en
la población el desarrollo de una conciencia social que se sienta identificada con su grupo cultural o su
nación, tampoco con el territorio. De ahí que las amenazas emergentes, como la crisis hídrica y la
contaminación ambiental entre otras, les resulten lejanas de su vida diaria. Por ello, es necesaria una
reestructuración educativa que comparta el interés por concientizar a las generaciones más jóvenes
respecto a la realidad nacional y a las amenazas a su seguridad, que deben ser superadas
constantemente.
La segunda conclusión es que, en la mayoría de los medios de comunicación social, se
encuentra información que no cuenta con criterios mínimos de calidad y parece estar modificada o
diseñada para responder a intereses particulares. Por lo que hay un menor espacio para la construcción
de una cultura nacional, conciencia social, actualización de la realidad internacional e influencia en la
coyuntura nacional. En general se ha debilitado la formación de una sólida conciencia cívica. Ello
contribuye al desconocimiento del ciudadano acerca de las amenazas contemporáneas y crisis
16
emergentes, existiendo una notoria ignorancia de los verdaderos intereses nacionales y, por ende, una
invisibilización de las instituciones a cargo de protegerlos y preservarlos.
La tercera conclusión es que el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 necesita
convertirse en una estrategia nacional, la que se deberá alinear con los acuerdos internacionales como
los ODS, así como con las políticas nacionales. Para lograrlo se requiere de etapas o fases, que serían
organizadas por el CEPLAN y que contaría con el apoyo de las FF. AA., ya que responde a sus roles
estratégicos. Asimismo, su desarrollo sería multisectorial y cada ministerio tendría una responsabilidad
determinada de acuerdo con los principios que los fundamentan.
Recomendaciones
La primera recomendación es fomentar un diálogo entre el Ministerio de Educación y el
CEPLAN con la finalidad que se tiendan puentes de comunicación e información respecto a las
amenazas contemporáneas y la manera como el proceso de concientización social se puede consolidar
en el Proyecto Educativo Nacional. Cabe indicar que para ello se requiere de capacitar al profesorado,
quienes terminan siendo embajadores del Estado ante los ojos de las nuevas generaciones.
La segunda recomendación es que, mediante un esfuerzo multisectorial articulado, coordinado
e impulsado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se
comprometa a todos los medios de comunicación social a establecer criterios mínimos de calidad que
mejoren el contenido de sus programas. Lo que involucraría realizar una sincera revisión de sus
producciones y el análisis de sus contenidos, a cargo de un área reguladora para esos fines, atendiendo
a los valores fundamentales que la sociedad peruana actualmente requiere para alcanzar los objetivos
nacionales planteados al 2050.
Una tercera recomendación es que se destinen los recursos presupuestarios necesarios para que,
cuando el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 se logre consolidar en una estrategia, las
Fuerzas Armadas cuenten con personal capacitado, sistemas y material idóneos, para responder de
manera oportuna y eficiente, ante cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo la integridad del
Estado y los intereses nacionales.
17
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20
EL IRREAL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
NACIONAL Y SU INFLUENCIA EN LA
GESTIÓN DE LOS ACTIVOS CRÍTICOS
NACIONALES
THE UNREAL NATIONAL SUPPLY SYSTEM AND ITS
INFLUENCE ON THE MANAGEMENT OF NATIONAL
CRITICAL ASSETS
Edwars Orizano Ríos
Centro de Altos Estudios Nacionales
orizano0481@hotmail.com
Magíster en ciencias económicas con mención en proyectos de inversión por la Universidad Nacional
Agraria de la Selva, Ingeniero Administrativo por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y
Licenciado en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es egresado de la V
Maestría en Inteligencia Estratégica – CAEN, cuenta con especialización en Administración y
Gestión Pública, Contrataciones con el Estado (ESAN-2014). Ha desarrollado su actividad
profesional en varias instituciones gubernamentales y privadas. Actualmente se desempeña como
Especialista en Contratos G2G en el Proyecto Especial de Inversión Pública - Escuelas Bicentenario
(MINEDU). Docente en la Escuela de Posgrado de la PNP, la Escuela de Posgrado de la Universidad
César Vallejo y la Universidad Autónoma de Ica.
Resumen
La Ley de contrataciones y su Reglamento vigentes no funcionan o no son suficientes. Prueba de ello
son las múltiples modificaciones o parches a la citada ley intentando «optimizar» y «dinamizar» las
contrataciones sin éxito así como la cantidad de procesos de contratación encargados a entidades
internacionales o Estados. Esto muestra la carencia de un sistema de abastecimiento donde predomina
lo técnico sobre lo normativo. La difusión y capacitación es deficiente. Por lo tanto, es urgente
implementar un sistema de abastecimiento basado en procesos, protocolos, acciones y flujos
claramente definidos y estandarizados, que permitan dinamizar la acción del abastecimiento técnico,
21
que involucre todos los eslabones del sistema (planificación, compras, distribución, transporte,
almacenaje), y que tenga como centro la satisfacción del cliente (el ciudadano). Esto permitirá
mantener nuestros activos críticos nacionales e inclusive los recursos clave en óptimas condiciones
de atención y funcionalidad que permitan tener una capacidad nacional de acción y reacción frente a
cualquier eventualidad. Los medios de comunicación deberían participar en atender este tema.
Palabras clave: Ley, contrataciones, abastecimientos, activos críticos nacionales.
Abstract
The Procurement Law and its current regulations do not work or are not sufficient, the multiple
modifications or patches to the aforementioned law trying to "optimize" and "invigorate"
unsuccessful contracting or the number of contracting processes entrusted to international entities or
States, they are an indicator that we are not capable of contracting with our legislation, the
aforementioned shows us the lack of a supply system of a more technical than regulatory nature.
Dissemination and training is deficient. Therefore, it is urgent to implement a supply system based
on clearly defined and standardized processes, protocols, actions and flows, which make it possible
to stimulate technical supply action, involving all the links in the system (planning, purchasing,
distribution, transportation, storage), and that has customer satisfaction (the citizen) as its center. This
will make it possible to maintain our critical national assets and even key resources in optimal care
and functionality conditions that allow us to have a national capacity for action and reaction in the
face of any eventuality. The media should be involved in addressing this issue.
Keywords: Law, contracting, supplies, national critical assets
En 1962, a través del Decreto Ley N.o 14220 –y con la visión prospectiva y estratégica que
solamente un militar como el general Ricardo Pío Pérez Godoy, presidente de la República de
aquellos años podría tener– se creó el Sistema Nacional de Planificación, que sería la base para que
más tarde –en 1977– se creara el Sistema de Abastecimiento Nacional a través del Decreto Legislativo
N.o 22056. Sin embargo, dicho organismo, adscrito al desaparecido Instituto Nacional
de Administración Pública-INAP, nunca funcionó y no logró su finalidad de dar unidad, racionalidad
y eficiencia a los procesos técnicos de abastecimiento de bienes y servicios, limitando su acción
solamente a la dación de algunas leyes sectoriales, careciendo de un mínimo denominador común
sobre la materia.
22
Posteriormente aparecerían el Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras
Públicas, conocido como RULCOP; el Reglamento Único de Adquisiciones conocido como RUA
para la adquisición de bienes, servicios y suministros; y el Reglamento General para la contratación
de Actividades de Consultoría, conocido como REGAC en el año 1985. Estas normativas junto a
todas las leyes de contrataciones con sus “parches” y modificaciones existentes a partir de ese
momento y hasta la actualidad solamente contemplaban y consideran un eslabón de una cadena
técnicamente establecida denominada «sistema de abastecimiento» o «cadena de suministro» o
«Supply Chain» en inglés, el cual debe tener mínimamente un componente de planificación, compras
(las que tenemos con nuestra ley de contrataciones), distribución, transporte y almacenamiento. Esa
falta de integración y de componentes articulados de un sistema de abastecimiento, sumado a la visión
y enfoque meramente legal que le dieron los gobiernos de turno olvidando el carácter técnico de dicho
sistema, ocasionan un caos del abastecimiento público de nuestro país que no tiene fin hasta la
actualidad.
Hace cuatro años se abrió una luz de esperanza a través de la promulgación del Decreto
Legislativo N.o 1439 del 16 de septiembre de 2018, en el cual se establecía desarrollar el Sistema
Nacional de Abastecimiento. Sin embargo, la luz se apagó cuando se emitió el Reglamento del
Sistema de Abastecimiento a través del Decreto Supremo N.° 217-2019-EF, de fecha 15 de julio de
2019. Dicho documento «técnico» como se conciben los reglamentos, fue un triste remedo de
reglamento de la Ley de siete páginas que solo contiene 29 artículos y que omitió incluir otra gran
cantidad de ellos contenidos en el proyecto de reglamento publicado por el Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF). Estos desaciertos ocasionan que nuestro país siga teniendo problemas de
desabastecimiento en todos los sectores y servicios, ocasionando pérdidas económicas, falta de
atención a los ciudadanos, sobrecostos, corrupción, y subdesarrollo entre otros.
El Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA), el Sistema de Planificación (CEPLAN) y el
Sistema de Inversión Pública (INVIERTE.PE), son engranajes administrativos plasmados en la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, y quizás constituyen lo más importante de analizar por su impacto en
ejecución de gasto y desarrollo. El Sistema de Inversión Pública, por ejemplo, considera dentro de su
normativa y terminología un concepto importante dentro del desarrollo nacional: Activo Estratégico.
Para citar un ejemplo tenemos a las ambulancias, consideradas como activos estratégicos para
brindar el servicio de salud a la población, así como las bombas lacrimógenas son usadas por la policía
en el control de motines y liberación de vías ante posibles huelgas; sin estos bienes no se podría
cumplir con las funciones de garantizar salud o seguridad a la población. Los sistemas administrativos
23
mencionados anteriormente, guardan estrecha relación con los Activos Críticos Nacionales,
considerados como recursos e infraestructura esencial e imprescindible para desarrollar las
Capacidades Nacionales, conceptualizándose como la aptitud o suficiencia de utilizar los recursos
tangibles e intangibles, infraestructuras y sistemas para satisfacer necesidades vitales y alcanzar
objetivos nacionales.
¿De qué manera puede influir positiva o negativamente un precario o inexistente sistema de
abastecimiento nacional como el nuestro sobre los Activos Críticos Nacionales y estos sobre las
Capacidades Nacionales?, y por relación causal y lógica ¿sobre la satisfacción de las necesidades
vitales de nuestra población y alcance de los objetivos nacionales? Analicemos un poco a través del
siguiente caso real.
La Contraloría General de la República emitió el 6 de diciembre de 2019 el Informe N.° 59-
2019-2-5991, documento de control posterior con relación al Centro Nacional de Abastecimientos de
Recursos Estratégicos de Salud (CENARES), en el cual se encontró responsabilidades en diversos
funcionarios por no haber distribuido oportunamente 74 000 frascos de vacunas antituberculosas y,
con ello, favorecer la caducidad de los productos en los almacenes, lo que ocasionó la destrucción de
vacunas con un perjuicio económico de casi 450 000.00 soles, y sin considerar el daño social por la
falta de vacunación a la población vulnerable: los niños de la zona. Así, estos menores están propensos
a sufrir la enfermedad, que a la larga ocasionaría que la población tenga problemas de salud y, como
sabemos, el recurso humano es el bien más preciado para afrontar cualquier eventualidad futura.
Comprendemos así que un «simple» problema de mala planificación en la compra; demora en el
proceso de adquisición; falta de plan de distribución; o inadecuado almacenamiento de las vacunas,
entre otros factores, puede provocar, y provoca terribles problemas de falta de inmunización. No es
una cuestión simple.
Las Capacidades Nacionales deben estar garantizadas por el gobierno a través de todos los
sistemas y ministerios que componen el aparato estatal; la sinergia de estos contribuye al
cumplimiento de las necesidades vitales de nuestra población, tales como brindar los servicios
públicos (agua, desagüe, educación, salud, comunicación, electricidad), velar por el cuidado de la
propiedad privada y pública, la seguridad e integridad física de los habitantes y propiciar las
oportunidades económicas que permitan dinamizar la economía nacional, local y familiar, generando
empleo y oportunidades de negocio.
24
El interés nacional como una visión prospectiva del país debe obedecer a un proceso estratégico
de planificación con objetivos nacionales y sectoriales claros, que permitan un adecuado desarrollo
económico y social del país. Para ello, es necesario tener sistemas funcionando adecuadamente y que
articulen tanto fuera como dentro de las instituciones gubernamentales, lo cual permitiría procesos
rápidos y seguros. Por ejemplo, es increíble que a estas alturas los procesos de selección para elegir
una empresa que ejecute una obra pública exijan que presente aún un expediente (documentos físicos
o digitales) para acreditar su experiencia, personal profesional propuesto y capacidad legal (ficha
RUC (Registro Único de Contribuyentes), DNI (Documento Nacional de Identidad), copia literal de
constitución de empresa). Estas acciones se pueden simplificar con las siguientes simples actividades:
a) Las empresas al momento de gestionar su RNP (Registro Nacional de Proveedores) deberían
sustentar en su trámite toda su experiencia y acreditar una capacidad de contratación basada
en dicha experiencia, la cual debería actualizarse anualmente. De esta forma se eliminaría la
evaluación en el proceso de selección y con ello se avanzaría en la rapidez del proceso y contra
la corrupción.
b) El personal propuesto acreditaría su formación profesional y experiencia con información que
ya está registrada en la base de datos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria (SUNEDU), Direcciones Regionales de Educación (DRE), Unidades de Gestión
Educativa Local (UGEL) o colegios profesionales. La experiencia profesional pública podría
estar en una base de datos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), como
órgano rector de recursos humanos, y si la experiencia corresponde al sector privado, en una
base de datos del Ministerio de Trabajo. El país está llamado a crear un Sistema de Escalafón
Nacional, donde se registre la información laboral de los ciudadanos.
c) Tanto la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), como el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), y la Superintendencia Nacional de
Aduanas y la Administración Tributaria (SUNAT) deben estar integrados al Sistema
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) de tal forma que con únicamente el
número de RUC de la empresa o el DNI del representante legal o proveedor, se pueda
garantizar su existencia o poderes para participar en un proceso de selección.
Con dichas acciones, procesos o protocolos debidamente mapeados formando parte del Sistema
Nacional de Abastecimiento se podría dinamizar la atención de los requerimientos; la empresa
solamente presentaría su oferta económica a través del SEACE y tendríamos un proceso de selección
en plazo de dos o hasta tres días como máximo. No es posible que los ciudadanos debamos esperar
25
muchos años para que se construya un colegio, un hospital, o una carretera solo porque una licitación
pública se evaluó incorrectamente y el resultado fue apelado. También debería considerarse el uso de
contratos específicos por tipo de proyecto como los NEC (New Engineering Contract), los cuales
poseen opciones de acuerdo a las características particulares o preferencias del cliente, considerando
siempre las Juntas de Disputas como cláusula obligatoria. Este procedimiento evitaría someter a
arbitraje discrepancias que pudieron anticiparse en el expediente técnico, pues a la larga incrementa
más el costo para el Estado. Prueba de ello y como ejemplo de estudio, es el presupuesto del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones destinado al concepto de gastos arbitrales (pagos a
árbitros y centros arbitrales).
¿Pero qué tipo de normativa debe guiar a un organismo tan importante como el Sistema de
Abastecimiento Nacional?, en principio debe tener una mirada más técnica que legal. En los años de
existencia de las «leyes» y «reformas» de contrataciones siempre existió una mirada excesiva del
aspecto legal, en concordancia con los múltiples problemas de corrupción a los cuales se quería poner
candados. No obstante ello, a la larga perjudicaban y hacían más lentos y «burocráticos» los procesos.
Por ello, y teniendo como experiencia que la ley de contrataciones no funciona o no es suficiente,
existen múltiples modificaciones o parches a las leyes intentando «optimizar» y «dinamizar» las
contrataciones sin éxito o la cantidad de procesos de contratación encargados a entidades
internacionales o Estados (países) indicando implícitamente que no somos capaces de contratar con
nuestra legislación.
Es entonces urgente una propuesta técnica (norma técnica) de un sistema de abastecimiento
basado en procesos, protocolos, acciones y flujos claramente definidos y estandarizados, que permitan
dinamizar la acción del abastecimiento técnico, que involucre todos los eslabones del sistema
(planificación, compras, distribución, transporte, almacenaje), y que tenga como centro la satisfacción
del cliente (el ciudadano). Este cambio permitirá mantener nuestros activos críticos nacionales e
inclusive los recursos clave en óptimas condiciones de atención y funcionalidad que permitan tener
una capacidad nacional de acción y reacción frente a cualquier eventualidad.
Si lo señalado previamente no se instituye, imaginemos el peor escenario de guerra o pandemia en
nuestro país, con una ley de contrataciones lenta y burocrática en el que un informe legal debe
contener un mínimo de diez vistos buenos para ser aprobado, y una contratación directa que se supone
es un mecanismo para la inmediata atención de un requerimiento demore más que un proceso de
selección corto (adjudicación simplificada). ¿Cómo podríamos comprar insumos para la tropa,
medicinas para la población de la primera línea de atención?, perderíamos la guerra o quizás ya la
26
perdimos frente a la pandemia. Es urgente que el Ministerio de Economía y Finanzas y su Dirección
General de Abastecimiento (ente rector de este sistema) entienda la urgencia de un sistema de
abastecimiento prospectivo, estratégico, concebido por expertos en estrategia (militares), sistemas
organizacionales (analistas) y expertos en procesos y sistemas de gestión (ingenieros), dejando
proscrito la perspectiva de «culto a la norma» por sobre la vida o el fin público. Es necesario también
que el Ministerio de Defensa se involucre y denote que sin un sistema de abastecimiento real estamos
condenados a fracasar y poner en riesgo la seguridad y defensa del país.
Modelo que debería considerar el Sistema Nacional de Abastecimiento
Figura 1
Planificación y programación estratégicas
Figura 2
Gestión de compras
27
Conclusiones
Es de suma urgencia disponer de una propuesta técnica (norma técnica) que permita que el
sistema de abastecimiento se encuentre basado en procesos, protocolos, acciones y flujos claramente
definidos y estandarizados, que permitan dinamizar la acción del abastecimiento técnico, que
involucre todos los eslabones del mismo sistema.
La gestión que se realiza en el Registro Nacional de Proveedores debería incluir la
sustentación de la experiencia para acreditar la capacidad de contratación la misma que debería
actualizarse anualmente.
La Dirección General de Abastecimiento (ente rector del Sistema de Abastecimiento) del
Ministerio de Economía y Finanzas debe impulsar un cambio en el sistema con la participación de
expertos en estrategia (militares), sistemas organizacionales (analistas) y expertos en procesos y
sistemas de gestión (ingenieros), dejando proscrito la perspectiva de «culto a la norma» por sobre la
vida o el fin público.
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28
LA GOBERNANZA Y DESARROLLO HUMANO
EN LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y
DEFENSA NACIONAL
GOVERNANCE AND HUMAN DEVELOPMENT IN
NATIONAL SECURITY AND DEFENSE POLICY
Helga Cecilia Frech H.
cecilia.frech@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1472-9631
MSc. Ecoturismo y MSc. Innovación Agraria para el Desarrollo Rural, en ambos casos por la
Universidad Nacional Agraria La Molina. Licenciada en Turismo por la Universidad Ricardo Palma.
Con estudios concluidos en el VI Doctorado de Desarrollo y Seguridad Estratégica – CAEN,
Diplomada del Programa de Alta Especialización en Gestión del Desarrollo Sostenible (ESAN),
Diplomada del Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política (PUCP), así como en proyectos,
planificación, prospectiva y género por el BID, el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) la CAF, entre otros. Actualmente se desempeña como Consultora en desarrollo
sostenible, gerencia, seguimiento y evaluación de proyectos productivos en entornos rurales.
Resumen
La buena gobernanza en el sector defensa exige tener en cuenta las diferentes necesidades,
oportunidades y recursos de los ciudadanos, y que los servicios de seguridad sean eficaces y
responsables, permitiendo alcanzar una mejor inclusión social, facilitando el acceso a oportunidades
de desarrollo de los más vulnerables, y para lo cual se requiere trabajar conjuntamente con los otros
sectores del Estado, sin descuidar la estrategia comunicacional. Los medios de comunicación cumplen
un rol esencial en la socialización de los derechos y en particular de los deberes de todos los ciudadanos
en la construcción de la seguridad nacional. El trabajo conjunto entre la sociedad y el Estado favorecerá
la participación de los diversos sectores involucrados en los objetivos prioritarios de la política nacional
de seguridad y defensa (PNMSDN - 2030), quienes cumplen un rol esencial en la implementación de
acciones estratégicas orientadas a mejorar las condiciones de desarrollo humano en la población.
29
Palabras clave: gobernanza, desarrollo humano, medios de comunicación, política de
seguridad y defensa nacional.
Abstract
Good governance in the defense sector requires taking into account the different needs, opportunities
and resources of citizens, and that security services are effective and responsible, allowing a better
social inclusion to be achieved, facilitating access to development opportunities for the most
vulnerable, and for which it is necessary to work together with the other sectors of the State, without
neglecting the communication strategy. The media play an essential role in the socialization of the
rights and, in particular, the duties of all citizens in the construction of national security. The joint work
between society and the State will favor the participation of the various sectors involved in the priority
objectives of the national security and defense policy (PNMSDN -2030), who play an essential role in
the implementation of strategic actions aimed at improving the conditions of human development in
the population.
Keywords: governance, human development, media, security policy and national defense.
Introducción
En los últimos diez años, se han dado diversos cambios que han influenciado la formulación,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas, la planificación estratégica como medio para su
implementación (CEPLAN, 2018) así como el nuevo concepto de defensa, que ha pasado de un enfoque
netamente centrado en el territorio a otro que incorpora a la persona sobre la base de acciones de
desarrollo tanto a nivel global como local y sobre todo específico en un contexto determinado.
En este sentido, el concepto de seguridad humana pone énfasis en la protección de todas las
personas de manera que cada individuo, desde su perspectiva y voluntad e independientemente de su
condición, tenga acceso a condiciones fundamentales y oportunidades que le permitan desarrollarse.
Desde un enfoque multisectorial de la seguridad en general y desde la seguridad humana
específicamente, ésta incluye tanto la seguridad económica, alimentaria, sanitaria como la seguridad
ambiental.
Pero este nuevo enfoque multidimensional de la seguridad y defensa nacional encuentra
limitaciones para su adopción por parte otros sectores y los distintos niveles de gobierno y la sociedad
civil en general, en el sentido que los problemas vinculados con el desarrollo humano no son entendidos
como factores que pueden incidir negativamente en la seguridad nacional.
30
Sin embargo, el desarrollo humano y la seguridad se encuentran estrechamente relacionados y
se fundamentan sobre las bases de un contexto de paz (ODS 16) (Naciones Unidas, 2018). Las
amenazas contra la seguridad en la mayoría de los casos encuentran su origen en las desigualdades
sociales y económicas y en las que se observa que las instituciones del Estado no logran llegar a la
ciudadanía con servicios eficaces y responsables, siendo esta la condición fundamental para lograr el
desarrollo sostenible. Este lazo entre seguridad, paz y desarrollo se explica con el concepto de
seguridad humana, razón por la cual es necesario, en la implantación de las políticas públicas, tener en
cuenta esta estrecha relación entre la acción humanitaria, el desarrollo y la consolidación de la paz, lo
que en la actualidad se conoce como el “triple nexo” o el enfoque H-D-P (Humanitario – Desarrollo –
Paz) (Nguya & Siddiqui, 2020).
Bajo este nuevo enfoque, el sector de la Seguridad ha transitado progresivamente de una noción
centrada en el Estado a una aproximación que privilegia la seguridad humana. De esta manera, cuando
se habla del sector seguridad, deberíamos pensar en todas las estructuras, instituciones y personas
encargadas de prestar los servicios de seguridad, así como aquellas encargadas de la gestión y del
control de la misma, entre los que se encuentran las fuerzas del orden que emplean la fuerza cuando es
necesario, como aquellos encargados de vigilar y controlar que estos servicios se brinden dentro de la
norma establecida, siendo los medios de comunicación parte de los actores importantes en este aspecto
y que están llamados a informar con objetividad a toda la nación.
Asimismo, las instituciones encargadas de promover el desarrollo humano en el país, desde una
definición amplia y holística de la seguridad, deberían incluir a todos aquellos actores tanto estatales
como no gubernamentales, y la sociedad civil en su conjunto, ya que ellos también inciden en las
políticas y en las prácticas de seguridad, a través de procesos formales e informales, que tienen como
objetivo alcanzar una buena gobernanza, es decir respetar la norma, actuar con transparencia, rendir
cuentas, ser eficaces y eficientes, propiciar la participación, buscar consensos, entre otros. (DCAF -
2015); (Cujabante y Betancur, 2021).
Uno de los objetivos de la buena gobernanza en el sector defensa implica contribuir a mejorar
la seguridad humana de todos los individuos, teniendo en cuenta las diferentes necesidades,
oportunidades y recursos con los que los individuos cuentan, ya que las comunidades más
desfavorecidas y marginalizadas son las más vulnerables a situaciones de violencia. Por esta razón, es
necesario que los servicios de seguridad sean eficaces y responsables, permitiendo alcanzar una mejor
inclusión social, facilitando el acceso a oportunidades de desarrollo de los más vulnerables, y para ello
se debe trabajar conjuntamente con los otros sectores del Estado.
31
Asimismo, como parte de una estrategia comunicacional para la gobernanza del sector defensa,
los medios de comunicación cumplen un rol esencial en la socialización de los derechos y en particular
de los deberes de todos los ciudadanos en la construcción de la seguridad y la defensa nacional, sobre
las bases de una cultura de paz, de unidad, de responsabilidad con la población, el país y las estructuras
que lo gobiernan.
Otro aspecto esencial es contar con una mirada hacia y desde el territorio, en la búsqueda de
una apropiación local, es decir que en la reforma de las políticas, instituciones y actividades de
seguridad se tenga en cuenta el marco nacional regulatorio, que rige para todos los peruanos, así como
el contexto local que envuelve a los actores directamente involucrados, como es el entorno geográfico,
la cultura local y las usanzas (dentro de la norma), entre otros.
Las instituciones cumplen su misión y alcanzan los objetivos deseados desde su rol y sus
responsabilidades específicas cuando existen una mirada y accionar de los objetivos comunes. La
transparencia y la capacidad de los ciudadanos de ser vigilantes de los servicios de seguridad son
acciones que ayudan a construir legitimidad, la cual es necesaria para construir confianza con las
instituciones del Estado, sobre todo con aquellas encargadas de proveer seguridad, en el término más
estricto, referido a las fuerzas del orden, entendiendo que el deber de éstas es asegurar y proteger a la
población, “… garantizar la independencia, la soberanía y la integridad de la nación…” en el marco
de la Constitución del Perú (art. 137); carta magna que todos debemos respetar. (Constitución Política
Del Perú, 1993).
Las Políticas de Seguridad y Defensa Nacional
Una política de seguridad nacional es una descripción oficial de la manera como un Estado
quiere enfrentar los problemas de seguridad en el país y contener las amenazas y riesgos que se
presenten, así como promover los valores y principios que deben guiar al Estado para mantener la
seguridad dentro de la que se incluye la Seguridad Humana (MINDEF, 2022); (DCAF, 2015).
Estas, las políticas de seguridad y defensa nacional, se formulan en función de los intereses
nacionales con el objetivo de resolver un problema público de alcance nacional y para ello se
identifican los valores y las estructuras de gobernanza y procesos de toma de decisiones que permiten
la construcción, en el largo plazo, de una visión consensuada, en la que se expresa no solamente la
perspectiva desde la posición del Estado y el gobierno, sino que debiera también incluir la perspectiva
de los diversos actores privados así como de la población en su conjunto.(DCAF y Seguridad, 2015);
(CEPLAN, 2018).
32
Vista la diversidad del origen de las amenazas a la seguridad de una nación desde el enfoque
multidimensional de la seguridad (Font y Ortega, 2012), uno de los mayores retos de las políticas de
seguridad nacional es encontrar un equilibrio entre las amenazas convencionales y las no
convencionales que afectan de manera diferente a los diversos grupos que conforman el país. (DCAF,
2015). Por ejemplo, el terrorismo, el narcotráfico, los conflictos socioambientales, el crimen
organizado, los problemas económicos entre otros, afectan de manera distinta a la población, según el
territorio y la ubicación geográfica, por decir, en la costa con respecto a las zonas de selva o en las
zonas urbanas con respecto a las zonas rurales.
Asimismo, es también un reto evaluar el costo - beneficio de dicha política, el contenido que
debe permanecer secreto, por su naturaleza misma, y lo que debe ser socializado a través de una
estrategia de comunicación que llegue a los diferentes grupos que conforman la nación. Finalmente,
una política pública de seguridad debe ser realista ya que de ello depende que su implantación, a través
de la planificación y de una estrategia de seguridad, pueda llevarse a cabo para alcanzar los objetivos
trazados en beneficios del desarrollo de la nación.
Las políticas públicas en general y las políticas de seguridad y defensa en particular, como se
mencionó líneas arriba, se elaboran para resolver un problema público. Por esta razón, están sujetas a
una constante evaluación sobre su pertinencia, coherencia, eficacia y eficiencia, impacto y
sostenibilidad para resolver el problema público identificado (Elizalde Hevia, 2003); (DCAF y
Seguridad, 2015); (CEPLAN, 2018), en el ámbito situacional, así como en el espacio territorial.
La Política Nacional de Seguridad y Defensa en Perú
La Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030 (PNMSDN –
2030) se elabora en respuesta al problema público identificado, referido éste a la alta vulnerabilidad de
las personas y del Estado frente a las amenazas y preocupaciones a la Seguridad Nacional, generada
por una cierta fragilidad institucional que limita la efectividad de las acciones para proteger los
intereses nacionales. Asimismo, es de importancia resaltar la existencia de una débil cultura de
seguridad nacional entre la población, así como un limitado desarrollo de los factores contribuyentes a
la Seguridad Nacional que están asociados con la seguridad humana, entre los que podemos mencionar,
brechas socioeconómicas importantes, limitado acceso a la educación, a servicios de salud, inseguridad
alimentaria y deterioro ambiental entre otros (MINDEF, 2022).
33
Siendo una política multisectorial, su implantación requiere de la participación de otros
sectores, quienes son los responsables de alcanzar los indicadores planteados. Tres son los Objetivos
Prioritarios en la PNMSDN - 2030: OP1, garantizar la defensa de los intereses nacionales, siendo los
responsables los sectores Defensa y Relaciones Exteriores; OP2, garantizar el normal funcionamiento
de la institucionalidad política – jurídica - social en el país, con la responsabilidad de los Ministerios
de Justicia y Derechos Humanos y del Interior, y finalmente; OP3, alcanzar las condiciones necesarias
contribuyentes a la seguridad nacional, referida con relación al desarrollo humano, cuya
responsabilidad recae en los Ministerios de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (MIMP), de Energía y Minas (MINEM), del Ambiente (MINAM) así como
con la participación de los sectores Transportes y Comunicaciones (MTC), Desarrollo Agrario y Riego
(MIDAGRI), y finalmente el CONCYTEC (PCM). (MINDEF, 2022).
Figura N° 1
Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030.
Lineamientos y Servicios relacionados con la Seguridad Humana.
N°
Lineamiento
Servicio
Responsable
MINEDU en
Servicio de una educación con
OP1
Mejorar la participación de los poderes
coordinación con
aprendizajes orientados a una cultura
L.1.1
del Estado y la sociedad en la paz y
CULTURA y
de paz, seguridad e identidad
S.1.1.1
seguridad internacional.
MINDEF
nacionales.
(UGESIDENA)
Fortalecer
las
capacidades
y
Fortalecimiento para intensificar la
OP3
mecanismos destinados a la promoción
Estrategia de Acción Social con
L.3.1
de la igualdad de oportunidades en las
MIDIS
Sostenibilidad EASS que
S.3.1.1
áreas críticas, zonas vulnerables y de
coadyuven a la seguridad.
difícil acceso del país.
Fortalecimiento para intensificar los
MTC – MIDAGRI –
programas de infraestructura pública
OP3
Intensificar
la
construcción
de
MINEM
para que sea efectiva frente a las
L.3.2
infraestructura pública crítica vinculada
En coordinación con
amenazas y preocupaciones que
S.3.2.1
a la Seguridad Nacional.
MINDEF
podrían
afectar
la
Seguridad
(UGESIDENA)
Nacional.
Mejorar los instrumentos y mecanismos
Servicio de asistencia técnica en
OP3
de preservación y protección del
instrumentos técnicos y mecanismos
L.3.3
ambiente, específicamente la Amazonía,
de gestión en preservación y
MINAM
S.3.3.1
con énfasis en la adaptación del Perú al
protección del ambiente y su
Cambio Climático.
adaptación al cambio climático.
Promover
el
desarrollo
de
las
PCM – CONCYTEC
OP3
Programa Nacional de investigación
actividades de la ciencia, tecnología e
En coordinación con
L.3.4
y desarrollo en áreas de la seguridad
innovación tecnológica en función de las
MINDEF
S.3.4.1
y defensa nacional.
necesidades de la seguridad y defensa.
(UGESIDENA)
Fuente: (MINDEF, 2022)
34
En la Figura N° 1 se observan los sectores involucrados en la implantación de los lineamientos
de la política de seguridad que están relacionados con el desarrollo humano. Estos sectores son
responsables del comportamiento de los indicadores de resultados de los servicios y de los objetivos
prioritarios de la PNMSDN - 2030. Si bien en algunos casos se menciona que se debe coordinar con el
sector Defensa, a través de la Unidad Funcional de Gestión del Sistema de Defensa Nacional
(UGESIDENA), en realidad la responsabilidad recae sobre los sectores involucrados sin que haya
claridad sobre cuál sería el nivel de participación del sector Defensa en la toma de decisiones en estos
puntos.
Sin embargo, como parte de una buena gobernanza, es importante que el sector Defensa lidere
la implantación de dicha política aún en los Objetivos Prioritarios relacionados con el desarrollo
humano, proporcionando a los diferentes sectores, los objetivos y metas que se deben alcanzar desde
la perspectiva del sector Defensa, de manera que los actores multisectoriales involucrados puedan
priorizar las intervenciones donde sea estratégico y urgente hacerlo.
Por ende, los procesos de evaluación y seguimiento de la implantación multisectorial la
PNMSDN – 2030 en dichos objetivos prioritarios, permitiría determinar si desde los objetivos de la
seguridad y defensa nacional, la estrategia de intervención ha sido la adecuada y se ha logrado el fin
buscado, tomando en consideración los aspectos culturales, territoriales, socioeconómicos entre otros.
Por ejemplo, no sería lo mismo una estrategia educacional de valores cívicos y cultura de paz, seguridad
e identidad nacional en una ciudad de la costa con respecto a una pequeña ciudad rural en el VRAEM,
si bien todos los peruanos, independientemente de su origen y/o cultura, forman parte de la nación.
Asimismo, uno de los indicadores para medir el avance del OP3, de responsabilidad del MIDIS,
es el índice de Desarrollo Humano (IDH). Un importante indicador del progreso de un país, el cual
toma en consideración tres aspectos esenciales para evaluar el desarrollo: la esperanza de vida, la
alfabetización y el ingreso familiar per cápita. Sin embargo, habría que analizar este indicador desde
la perspectiva de seguridad y defensa, tomando en cuenta las diferencias socioeconómicas del conjunto
de grupos que conforman la población del Perú, desde una visión del territorio, desde su vulnerabilidad
ante las amenazas de naturaleza diversa y de alcance multidimensional, así como desde su implicación
en la seguridad y desarrollo de la nación. (PNUD, 2018).
35
Con el objetivo de entender el comportamiento de los diversos factores que inciden en el
desarrollo y que pueden afectar la seguridad del país, se realizó un ejercicio tomando como referencia
las zonas donde existen cultivos de hoja de coca, según información del IV CENAGRO (Censo
Nacional Agropecuario), y se hizo la división a nivel nacional, por distritos, entre las zonas con cultivo
de hoja de coca de aquellas sin cultivo de hoja de coca. En la Figura N° 2 se puede apreciar que el
índice de desarrollo humano es menor en las zonas en las que existe cultivo de hoja de coca, con
respecto a las zonas donde no se cultiva la hoja de coca. Sin embargo este aspecto no se refleja en los
resultados nacionales. Lo mismo sucede, como se puede observar en la Figura N° 2, bajo los mismos
criterios, que tanto el índice de vulnerabilidad a la seguridad alimentaria como el índice de peligro
climático, arrojan información importante si se analizan con relación a características específicas, como
en este caso, ser o no un distrito en el que se cultive hoja de coca.
Figura N° 2
Indicadores resumen de las áreas con y sin cultivos de hoja de coca, de acuerdo con
el Censo Nacional Agropecuario 2012 (CENAGRO).
Sin cultivos de hoja
Con cultivos de
Total nacional
Indicadores
de coca
hoja de coca
Mediana
Media
Mediana
Media
Mediana
Media
Pobreza 2018 (%)
16.25
18.84
28.41
29.89
17.17
20.65
IDH 2018
0.635
0.604
0.461
0.457
0.611
0.580
Vulnerabilidad a la Inseguridad
0.139
0.218
0.341
0.404
0.180
0.249
Alimentaria, 2018
Índice de peligro climático,
0.535
0.499
0.775
0.745
0.584
0.540
2003-2018
No. Distritos
1566
309
1875
Nota1: La mediana y media, son promedios ponderados por la población del 2020 del Mapa de Pobreza del INEI.
Nota2: Los índices de vulnerabilidad y peligro climático, varían entre 0 y 1.
Mayor es la vulnerabilidad a medida que se acerca a 1.
Fuentes: Mapa de Pobreza, 2018 (INEI); Mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria, 2018 (PMA); Informe sobre el
Índice de Desarrollo Humano de Perú, 2018 (PNUD); Censo Nacional Agropecuario, 2012 (INEI).
(INEI, 2018); (INEI, 2020); (Mora et al., 2014); (el & 2013, 2014); (INEI, 2012); (PNUD, 2018); (PNUD, 2019).
Elaboración propia.
36
Conclusiones
La seguridad humana adquiere una gran importancia en lo referente a la seguridad y defensa de
una nación. Mejorar las condiciones de desarrollo en un territorio tiene un impacto positivo en las
condiciones de seguridad humana y por consiguiente reducen la vulnerabilidad de la población frente
a las amenazas de carácter multidimensional.
Ello implica un trabajo conjunto con los diversos sectores involucrados en los objetivos
prioritarios de la política nacional de seguridad y defensa (PNMSDN - 2030), quienes cumplen un rol
esencial en la implantación de estrategias orientadas a mejorar las condiciones de desarrollo humano
en la población.
Asimismo, los medios de comunicación, como parte de los actores llamados a vigilar y controlar
la buena gobernanza de los servicios del sector seguridad y defensa, tienen una importante
responsabilidad en difundir información objetiva y veraz, para el desarrollo sostenible del país.
Sin embargo, el desafío de construir una buena gobernanza para la seguridad y defensa requiere
de la participación directa del sector defensa en el liderazgo de la implantación de la política de
seguridad y defensa, con el objetivo de priorizar y focalizar estrategias y acciones desde las necesidades
del sector defensa.
Para ello, es necesario contar con un análisis de los indicadores de los objetivos prioritarios, así
como de los servicios que provee la política de seguridad, focalizados en función del ámbito, coyuntura,
espacio geográfico, entre otros aspectos que el sector defensa considere relevantes de manera que se
cumpla con los objetivos planteados en la PNMSDN – 2030, y que estos se conviertan en un
instrumento eficaz y responsable para el sector.
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de
Políticas
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38
PRENSA LIBRE E INFORMADA PARA LA
SEGURIDAD NACIONAL
FREE AND INFORMED PRESS FOR NATIONAL
SECURITY
Fernando Elías Zegarra López
jefe.doctrina@caen.edu.pe
Centro de Altos Estudios Nacionales
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2939-443X
Coronel del Ejército del Perú. Master of Science in National Security Strategy - National Defense
University - Washington DC. Licenciado en Ciencias Militares con mención en Administración.
Diplomado en Democracia y DDHH por la PUCP; en Administración y Gestión Pública por el CAEN;
en gestión del Potencial Humano, Fortalecimiento en Gestión Pública por la U-ESAN. Con estudios
de RRPP en la USMP; Respuestas Civiles y Militares al Terrorismo en el CCMR-NPS USA; en
Metodologías de Políticas Públicas aplicadas por CeTRIS- Brasil; en diseño de indicadores de
desempeño por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP. Ha sido Director de
Estrategia y Director General (e) de Política y Estrategia de la SEDENA, Jefe de la OSDENA del
MTPE, articulador Inter agencial; docente en la EMCH, ECFFAA, ENI. Expositor, panelista y
moderador de eventos de seguridad nacional en el Perú y el extranjero. Actualmente es Editor de la
revista “Cuadernos de Trabajo” y de la “Revista de Ciencia e Investigación en Defensa”, y docente
del Centro de Altos Estudios Nacionales- Escuela de Posgrado.
Resumen
La obligación constitucional de participar en la Defensa Nacional, se ve afectada por la poca
efectividad en la generación de una cultura de Seguridad Nacional, en la que los medios de
comunicación social tienen una responsabilidad que requiere ser impulsada. Para tal efecto, los
periodistas, los comunicadores en general, que pertenezcan a alguna organización periodística
demandan contar con una mejor formación sobre estos temas, que no solo tienen correspondencia
para las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Esta necesidad implica que se realice una efectiva
interacción entre los medios de comunicación y los componentes del Sistema de Defensa Nacional,
particularmente con la activa intervención de la entidad encargada de gestionar y articular este
importante sistema funcional, cuya dirección recae en el primer servidor público del país: El
39
Presidente de la República, como así lo dispone nuestra Constitución Política. No hacerlo puede
seguir generando distorsión en la opinión pública, con el efecto negativo de crear condiciones para la
aparición de escenarios de riesgo en desmedro de la seguridad de todos.
Palabras claves: Medios de comunicación, Seguridad Nacional, Sistema de Defensa
Nacional, opinión pública, cultura de seguridad nacional.
Abstract
The constitutional obligation to participate in National Defense is affected by the lack of effectiveness
in generating a culture of National Security, in which the media have a responsibility that needs to be
promoted. For this purpose, journalists, communicators in general, who belong to a journalistic
organization need to have better training on these issues, which not only have correspondence for the
Armed Forces or the National Police. This need implies an effective interaction between the media
and the components of the National Defense System, particularly with the active intervention of the
entity in charge of managing and articulating this important functional system, whose direction falls
on the first public servant of the country: The President of the Republic, as provided in our Political
Constitution. Failure to do so may continue to distort public opinion, with the negative effect of
creating conditions for the appearance of risk scenarios to the detriment of everyone's security.
Keywords: Mass media, National Security, National Defense System, public opinion, culture
of national security.
Introducción
“Querido doctor, yo no vendo mi pluma. Valoramos la información y si esta es importante, la
destacamos”
Luis Adán Zegarra Calderón
Lo más importante en el ejercicio del periodismo, reside en mantener la independencia de
cualquier tipo de presión, porque el valor de “la noble profesión” radica en informar con la verdad
para –de esta manera– fortalecer la construcción de ciudadanía formando adecuadamente la opinión
pública. Por tal razón, el artículo 14° de nuestra Constitución Política señala claramente que “los
40
medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación
moral y cultural”.
En nuestro país, como en el resto del mundo, las noticias se canalizan por diversos medios: así
tenemos periódicos, radio, televisión e internet. Todos ellos, tienen la posibilidad de comunicar:
- Los hechos que ocurren en nuestra vida diaria que suponen importancia para nuestra
comunidad o de relevancia nacional
- El bagaje de conocimiento obtenido por el periodista a lo largo de su experiencia
profesional
- Puntos de vista, análisis
- Opiniones de expertos; y
- La posición editorial del medio.
Estas formas de comunicación plasmadas en la narración o descripción de hechos, las
investigaciones de casos, las opiniones y el editorial del medio, sumado al conocimiento individual
de cada ciudadano, sirven para construir la opinión pública.
Esta, se forma –entonces– dependiendo de los insumos que dispone la persona o el grupo de
personas, su propia preparación, y el grado de conocimiento de la realidad. En todos estos aspectos,
los medios de comunicación tienen una participación relevante que es necesario destacar,
particularmente cuando se trata de asuntos de alcance nacional y que puedan comprometer la
continuidad y supervivencia del Estado.
La seguridad nacional
Si bien es cierto que “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin
supremo de la sociedad y del Estado” (Constitución Política del Perú, 1993, artículo 1), eso no
significa que los ciudadanos esperen cómodamente que el Estado, a través del gobierno, cuide de
ellos, y que por eso presuman que se encuentran eximidos de responsabilidad.
De acuerdo a nuestro texto constitucional el “Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante
el Sistema de Defensa Nacional” el cual es presidido por el Presidente de la República y compuesto
por:
41
- El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional
- La Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (fusionada al Ministerio de Defensa mediante
el Decreto Supremo N° 061-PCM-2016)
- La Dirección Nacional del Inteligencia
- Los Ministerios
- Los organismos públicos
- Los gobiernos regionales, y
- Los gobiernos locales
Además, nuestra máxima norma legal, explica que todos los peruanos tenemos la obligación de
participar en la Defensa Nacional, por lo que –a su vez– debemos involucrarnos con mayor empeño
en los alcances de la seguridad nacional, cuyo concepto basado en la doctrina –a pesar de estar
comprendido en la “Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030”– es
poco conocido.
La Doctrina de Seguridad Nacional, que legalmente ha mantenido el nombre de Doctrina de
Seguridad y Defensa Nacional –actualmente aprobada por el Centro de Altos Estudios Nacionales-
Escuela de Posgrado (CAEN-EPG) para fines académicos– especifica que la Seguridad Nacional es:
La situación que alcanza el Estado, en la que tiene garantizada la Independencia, Soberanía e
Integridad Territorial, el Estado constitucional democrático de Derecho, la Paz Social y los
Intereses Nacionales; así como la protección de la persona humana y los Derechos Humanos,
mediante acciones de carácter multisectorial en todos los niveles de gobierno, que permitan hacer
frente a las amenazas y preocupaciones con la finalidad de crear las condiciones para alcanzar
mayores niveles de Bienestar General y propiciar el Bien Común. (CAEN, 2021)
Este concepto –más allá de los esfuerzos realizados por el CAEN-EPG y anteriormente por la
Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA)– ha sido poco difundido y, peor, poco
entendido, no solo por quienes forman parte de las entidades del Estado, sino también por diversos
estamentos de nuestra sociedad, entre los que figuran los medios de comunicación social, que –
quizás– por esta circunstancia, no destacan mayor contenido sobre la Seguridad Nacional, o no los
relacionan como de esa magnitud, soslayando que ellos son el principal elemento para la formación
de la opinión pública. Ahora bien, muchos preguntarán ¿por qué los medios deben abordar temas de
seguridad nacional en sus espacios? Sencillamente porque es necesario advertir a la población de los
síntomas que den indicaciones de la posible aparición de escenarios de riesgo, y porque “no hay
42
democracia sin conocimiento y en el mundo, desde hace años, la presión de los ciudadanos y de
medios responsables logró levantar las reservas informativas sobre temáticas que invariablemente se
vinculan con la seguridad nacional de los Estados”. (Pinto, 2009)
La prensa y la Seguridad Nacional
Como gran mayoría de personas en nuestro país, muchos de los periodistas mantienen como idea
el paradigma equivocado respecto a la Seguridad Nacional, considerando que ella es de exclusiva
competencia de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, confusión originada porque en nuestra
estructura estatal se conserva la nomenclatura empleada como consecuencia de la Paz de Westfalia,
que refiere a una sola dimensión de la seguridad: la integridad territorial y lo que ella conlleva;
concepción reforzada porque el mismo sistema funcional, que se encarga de este quehacer nacional,
se sigue llamando “Sistema de Defensa Nacional”.
El desfase tiene justificación porque, desde el siglo XX, las Fuerzas Armadas con el afán de lograr
mayor identificación con la población, empezaron a conducir cursos de capacitación para periodistas
que llevaban el título de “Curso para corresponsales de guerra” inspirados en la experiencia obtenida
por los Estados Unidos de América a partir de la Segunda Guerra Mundial. En ellos, se preparaba a
los profesionales de la noticia para efectuar su labor periodística en las difíciles condiciones que exige
el conflicto armado, y también a comprender que –por razones de Seguridad Nacional– no todo debe
ser informado, pues el interés nacional es superior ante la “primicia”, la exclusiva” o “la pepa”. Con
el tiempo, y la aparición del Ministerio de Defensa, el curso adoptó su nombre, llamándose “Curso
para corresponsales de Defensa”, manteniendo los mismos contenidos y similar objetivo.
Debido a esta situación –en que por muchos años se tenía concebido que existía una sola
dimensión de la Seguridad Nacional, que además era tomada como sinónimo de la Defensa Nacional–
cuando los medios de prensa necesitaban una información vinculada con la integridad o soberanía
nacional tenían que consultar con los aparatos de información del Ministerio de Defensa o de las
Fuerzas Armadas; sin embargo la relación entre ellos, en los últimos cien años de nuestra historia
republicana, ha tenido –por cierto– más desavenencias y distanciamientos que acercamientos,
particularmente cuando las últimas asumieron el poder político, intervención criticada por alterarse
la sucesión democrática, aunque hubieron experiencias que inicialmente estaban respaldadas por la
propia norma constitucional y apoyada por gran sector de la población.
43
La crítica fue mayor, cuando las atribuciones de la Constitución Política fueron sobrepasadas
instaurándose gobiernos no contemplados legalmente, que incluso recurrieron a la censura de la
prensa y también a la expropiación, como en el periodo del gobierno revolucionario de las Fuerzas
Armadas de los años 70 en el siglo pasado, o con el copamiento de medios durante el gobierno de
Alberto Fujimori, con intervención y aval de diversos actores estatales.
La guerra contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, así como las
dos últimas guerras que sostuvimos con Ecuador, hicieron que la Seguridad Nacional cobre
importancia en los medios periodísticos, pero tal realidad encontró una limitación: la necesidad de
guardar el secreto de las operaciones que no fue debidamente explicada, y ante la ausencia de
información, se generó una reacción no comprendida por las oficinas de información de las
instituciones armadas: Los medios de comunicación necesitan de información, y –ante la ausencia
de fuentes oficiales– se vieron obligados a recurrir a otras, y como consecuencia –en muchos casos–
la noticia se vio distorsionada.
Para subsanar estas circunstancias, los aparatos de información de las Fuerzas Armadas
empezaron a hacer mayor empleo de fríos comunicados oficiales, insuficientes para los gustos y
necesidades de la prensa, llevando una relación casi impersonal con los medios de comunicación;
situación que –en la actualidad– es casi una normalidad; como lo hizo notar el señor Iván Slocovich
(15 de setiembre de 2022), Director del Diario el Correo, en una conferencia que brindó sobre
“Comunicación Estratégica”, en la Escuela Superior de Guerra del Ejército, revelando que –en su
experiencia profesional (que son largos años)– solamente la Oficina de Información de la Marina de
Guerra del Perú ha realizado algunos esfuerzos para mantener contacto con su medio periodístico, lo
cual –obviamente– no coadyuva a disponer de mayores publicaciones relacionadas a la Seguridad
Nacional, vinculados con la labor de las instituciones armadas y el Ministerio de Defensa.
A pesar de lo señalado, tampoco debe eximirse de responsabilidad a los directores de los medios
de comunicación, pues la Constitución Política del Perú les demanda una tarea importante, que no
tiene pretexto para dejar de implementarse –a pesar de la poca interacción con las entidades que
deberían procurarles insumos sobre Seguridad Nacional– pues los principales instrumentos se
encuentran disponibles en la web y –con un poco de voluntad– podrían acceder, por ejemplo, al
Decreto Legislativo N° 1129, Decreto Legislativo que regula el Sistema de Defensa Nacional y su
reglamento; y a la Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa al 2030, documentos que
son suficientes para poder plantear el “cuadro de comisiones” de sus salas de redacción que
permitirán obtener los datos con la finalidad de incluir en sus publicaciones aspectos relevantes de
44
la Seguridad Nacional, y –con este conocimiento–como lo señala Salazar (2010), “no importa lo que
establezca el Gobierno como prioridades de Seguridad Nacional, en buena medida serán los medios
los que definan las amenazas”.
Es una realidad, que “el cuarto poder” tiene una preponderante importancia en el devenir
ciudadano, y mientras mejor informados se encuentren los periodistas, sus comunicadores, estarán en
mejores condiciones para cumplir su rol constitucional:
Los medios de comunicación desempeñan un rol fundamental en el fortalecimiento del sistema
democrático, no solo porque mantienen informada a la ciudadanía sobre asuntos de interés
público, sino porque se constituyen en espacios de deliberación, y sirven de vehículos que
permiten canalizar críticas y denuncias relacionadas con la actuación de las/os funcionarias/os y
autoridades del Estado. (Defensoría del Pueblo, 2021)
Entonces, los medios de comunicación juegan un rol fundamental en el conocimiento de la
realidad nacional que no debe soslayarse, por lo que “se requiere la participación de la comunicación
en la formación de una opinión pública, que se inicie, en primer lugar, con su público interno, para
posteriormente abarcar a su público externo” (Flores, 2014).
Desafortunadamente, en nuestro país –y con mayor énfasis en las regiones del interior y zonas
periféricas de la capital– existen muchos medios que no se preocupan por evaluar el conocimiento de
quienes dirigen sus programas periodísticos, y sus yerros son luego repetidos de manera geométrica,
provocando una grave distorsión en la opinión pública, como lo señala Sartori (1998), citado por
Rospigliosi (2000): “cuando se dicen en la pantalla, las estupideces crean opinión: las dice un pobre
hombre balbuceando a duras penas, y al día siguiente las repiten decenas de miles de personas”
Evidencia que fortalece tal aseveración se recoge en una investigación científica realizada en la
provincia de Huamanga- Ayacucho:
Los medios de comunicación coadyuvaron a debilitar la gobernabilidad local y regional durante
el periodo de gobierno 2011- 2014. Asimismo, la percepción de la población es que los medios
generaron desconfianza e inestabilidad política en el gobierno local y regional, debido a que
existen intereses políticos y económicos en el manejo de la información, promoviendo directa e
indirectamente inestabilidad política, erosionando y debilitando el poder político, la confianza y
credibilidad de las autoridades. (Jauregui, 2014)
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La reciente experiencia política nacional que hemos vivido después que Pedro Castillo,
decidió “disolver temporalmente el Congreso de la República” que –naturalmente conllevó a su
vacancia por haber vulnerado el artículo 117° de la Constitución Política del Perú– tuvo como efecto
que:
Unos cuantos miles, arrogándose inconstitucionalmente el ejercicio del poder del pueblo, han
bloqueado carreteras, causado zozobra, alarma y temor a la población empleando artefactos
explosivos y otros pertrechos, ocasionando estragos y grave perturbación de la tranquilidad
pública con efectos en nuestra economía e imagen internacional, todo por su infundado
capricho de no reconocer el orden constitucional y democrático al haberse vacado
correctamente a Pedro Castillo. (Zegarra, 2022)
La protesta es un derecho que tiene cualquier ciudadano, aunque la efectuada este mes es
absolutamente cuestionable porque está fundada en premisas inadmisibles, pues un verdadero
peruano debe mantener y fortalecer la identidad nacional, lo cual conlleva el reconocimiento del
estado constitucional y democrático de derecho del Perú, basado en el respeto de nuestra Constitución
Política y las leyes que norman nuestro quehacer nacional. Es increíble escuchar opiniones de
personas de diferente estrato social y económico que desconocen las reglas más elementales de la
República del Perú, y que pretendan justificar –por la vía violenta– la imposición de su necia voluntad.
Mucho peor es que existan pseudo periodistas que –ignorando la normatividad legal– fomenten, con
sus opiniones, el incremento de tal protesta.
Las organizaciones de información del Sistema de Defensa Nacional
Y si hablamos de la inercia en la conexión de los aparatos de información de las instituciones
armadas, que –por la naturaleza de sus funciones– solo se refieren al campo militar ¿qué sucede con
los otros campos de la seguridad nacional? ¿quién se encarga de procurar la conexión con los medios
de comunicación social para que se impulse la labor de difusión en el variado enfoque
multidimensional de la Seguridad Nacional? Supuestamente tendría que atenderlo el Ministerio de
Defensa, al haber fusionado por absorción a la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, hace ya
ocho años.
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La experiencia sufrida en la primera fusión de esta entidad, realizada en febrero de 2003, como
consecuencia de la Ley N° 27860, Ley del Ministerio de Defensa promulgada en noviembre de 2002,
nos revela que la especialización de las funciones del Ministerio de Defensa le exigió brindar mayor
prioridad a las acciones estratégicas vinculadas con la organización, instrucción, entrenamiento,
mantenimiento –entre otros aspectos– de las grandes unidades de las Fuerzas Armadas, para que éstas
puedan cumplir de mejor manera los roles estratégicos, derivados de su misión constitucional; en
consecuencia y de acuerdo a la evidencia, entre 2003 y 2012 no se logró dar impulso a la coordinación
con los medios de prensa para coadyuvar el conocimiento de aspectos concernientes a la amplitud de
la Seguridad Nacional, experiencia similar que también ha sucedido entre 2016 y 2022; sumados
ambos periodos reflejan 15 años de desconexión, lo que de –alguna manera– explica el poco
entendimiento de las responsabilidades sobre la seguridad de la Nación, que se agrava con el
incumplimiento de la ley en la que incurre el Ministerio de Educación al dejar de implementar la
educación sobre Seguridad y Defensa Nacional, en todos los niveles y modalidades del Sistema
Educativo Nacional.
Otro factor que no contribuye al fomento de la publicación de análisis u opiniones respecto a la
Seguridad Nacional, se encuentra en los medios de información que dispone el Ministerio de Defensa
y las instituciones armadas. Al revisar sus sitios web y las redes sociales, se observa que se brinda
una mayor relevancia a las acciones que desarrollan los titulares de esas entidades –fotito incluida–
convirtiendo sus espacios en magazines, desaprovechándose la oportunidad de edificar la cultura de
seguridad, situación que no es un inconveniente nuevo, pues se arrastra en el tiempo:
Las publicaciones militares, son una potente herramienta que se desnaturalizan cuando,
quienes las dirigen, las orientan –equivocadamente– a ensalzar la figura del comandante, del
ministro o del gobernante de turno. No sólo se incurre en oportunismo, también se afecta
negativamente la institucionalidad y por último se aparta del cumplimiento del deber.
(Zegarra, 2011)
Otra de las circunstancias que afecta la creación de la cultura de seguridad, se manifiesta porque
los propios integrantes de las instituciones que –por razones funcionales– tienen mayor conocimiento
de la amplitud del enfoque multidimensional de la seguridad nacional, prefieren no exponer sus
análisis por temor a que sus expresiones afecten a alguna autoridad política, lo cual podría tener como
consecuencia recibir alguna represalia laboral o profesional. Es imprescindible, entonces, que los
titulares de las entidades que conforman el Sistema de Defensa Nacional entiendan que “las ideas se
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exponen, no se imponen” y que éstas no deben ser censuradas, ni tampoco percibirse que puedan
crear amenazas personales, lo que significa que aún sigue vigente lo que recomendé en 2011:
Queda en adelante, reorientar los esfuerzos, el trabajo en conjunto, profesional y patriótico,
promoviendo el pensamiento militar y estratégico; tarea poco fácil cuando existen antecedentes
de restricción del pensamiento que probablemente retrajo a algunos que preferían “no quemarse”
exponiendo conceptos críticos o diferentes a la tendencia de quien estuviera en la cúpula del
momento, dejando que el jefe escuche lo que quería escuchar, o también por temor a represalias
que pudieran haber afectado sus intereses de promoción profesional.
Consideraciones finales
El Perú exige disponer de un marco de Seguridad Nacional que permita concretar acciones en
provecho del mejoramiento de la economía de todos los peruanos. Para tal loable fin, se requiere la
participación de todos los peruanos; pero si existe algún sector de la población que –por ignorancia,
o peor por ventaja particular– no respeta el estado constitucional y democrático de derecho, este
interés nacional se verá obstaculizado.
Urge, entonces que quienes tienen la posibilidad de informar lo realicen adecuadamente de tal
forma que se instituya una opinión pública coherente con los fines del Estado, coadyuvando la
creación de condiciones que permitan alcanzar nuestros objetivos nacionales. Apremia también la
reflexión sesuda de quienes dirigen los programas periodísticos, pues su trabajo constituye una
obligación constitucional; labor que necesariamente debe ser impulsada por la entidad que gestiona
y articula el Sistema de Defensa Nacional, de manera que los medios de comunicación social
dispongan de información de primera mano, y que reciban la explicación adecuada de los asuntos –
que por razones de Seguridad Nacional– no deben ser puestos en conocimiento público.
Si la opinión pública es antitética al ordenamiento constitucional, el Perú sumará una nueva
preocupación con bemoles de peligro para la Seguridad Nacional. Es indispensable, por tanto, actuar
de manera efectiva para disponer de una ciudadanía que atienda y entienda los asuntos de la Seguridad
Nacional; y también, en esa misma dirección, se impulse las actividades educativas en todos los
niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional, con la contribución de los medios de
comunicación social, que resultan ser clave para este propósito.
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Referencias
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Defensa Nacional.
Defensoría del Pueblo. (03 de mayo de 2021). Los medios de comunicación cumplen un rol esencial
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jóvenes del cercado de la ciudad de Tacna – 2013. Universidad Nacional Jorge Basadre
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fernando-e-zegarra-lopez-opinion-noticia/
Zegarra, F. (2011). Publicaciones militares: colocando la mano en la herida. Revista Comando en
Acción N° 49, abril-junio 2011. Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Perú.
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REVISTA ACADÉMICA CUADERNOS DE TRABAJO
La revista académica “Cuadernos de TRABAJO fue creada con la finalidad de difundir la creación
intelectual, la producción docente e investigadora, el conocimiento científico y el pensamiento estratégico,
tanto de los miembros de nuestra comunidad académica como de docentes e investigadores invitados,
sobre los campos temáticos de la Doctrina de Seguridad y Defensa Nacional, y las líneas de investigación
del CAEN-EPG. Se encuentra a cargo del Departamento de Doctrina.
En cada edición se abordará un tema central en torno al cual se presentarán artículos de investigación
originales, artículos de revisión, artículos metodológicos, reseñas bibliográficas, entre otros tipos de
artículos, desde diversos enfoques y perspectivas disciplinares, contribuyendo de este modo con la
seguridad y el desarrollo nacional.
El tema central para nuestras siguientes ediciones estará vinculado a los siguientes aspectos:
• Realidad Nacional
• Multidimensionalidad de la Seguridad Nacional
• El campo político de la Seguridad Nacional
• El imperio de la ley y la Seguridad Nacional
• Informalidad: Efectos en el desarrollo y la Seguridad Nacional
• Recursos para la Seguridad Nacional
• El campo económico de la Seguridad Nacional
• El campo científico-tecnológico de la Seguridad Nacional
• Seguridad de la información
Se invita a la comunidad académica nacional y profesionales interesados en la Seguridad Nacional a
participar
remitiendo
sus
artículos
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través
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nuestro
portal
en
http://revistas.caen.edu.pe/index.php/cuadernodetrabajo. Para tal efecto es necesario considerar las
siguientes normas de redacción:
1. Los artículos que envíen a la Revista Académica Cuaderno de Trabajo deben ser originales e
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2. Los artículos remitidos deben de entregarse en formato Word A4 y en tipo de fuente Time New
Roman tamaño 12.
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