REGIÓN AREQUIPA: CONFLICTIVIDAD
SOCIAL Y PROBLEMÁTICA
MEDIOAMBIENTAL

AREQUIPA REGION: SOCIAL CONFLICT AND
ENVIRONMENTAL PROBLEMS

PP. 6-24
Juan Carlos Díaz Jesús
Pedro Gómez Aguayo
Pedro Gabriel Gutiérrez Travezán
Richard Montesinos Ocsa
Juan Alberto Silva Achancaray
Edgardo Sullca Llamocca
Luis Alberto Valdivia Barriga
Luis Enrique Velit Sánchez
Edgard Ernesto Villar Rodríguez
Eduardo Zamora Chung

Los autores son integrantes de la LXXII Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional del Centro de
Altos Estudios Nacionales – Escuela de Posgrado
Recibido: 23 Dic 22
Aceptado: 23 Feb 23
Publicado: 28 Feb 23

Resumen
El presente estudio busca identificar los conflictos sociales y medioambientales que se encuentran
activos y latentes en la Región de Arequipa en el presente AF-2022. Se utilizó la fase prospectiva para
construir y describir imágenes de futuro, con el fin de reducir la incertidumbre. La finalidad es explorar,
crear y probar escenarios alternativos para gestionar el riesgo a futuro. Se puede percibir que existe una
relación entre las actividades ilegales en la Región Arequipa con los problemas ambientales, además con la
situación de conflictividad en la región; se puede evidenciar antecedentes de corrupción en conflictos anteriores,
lo que se ha incrementado por los actos de corrupción de funcionarios públicos, así mismo se puede apreciar
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que estos temas tienen una relación con los conflictos sociales en la región y con las actividades que afecta el
medio ambiente. La corrupción agrava la situación de los conflictos sociales y empuja a la población a
la violencia, se debe monitorear las regiones y localidades que se encuentran con los mayores índices
de corrupción, así como la presencia de actores políticos de ideologías extremas pro violentistas. Las
FFAA  y  la  PNP  deben  prever  acciones  mediante  inteligencia  adecuada  y  la  gestión  de  recursos
indispensables para su accionar. En cuanto a la presencia de organizaciones y bandas criminales se
debe trabajar coordinadamente con el Ministerio Público, a fin de neutralizarlos.

Palabras claves: conflictos sociales, actividades ilegales, corrupción, acciones.

Abstract
The present study seeks to identify the social and environmental conflicts that are active and latent in
the Arequipa Region in the present AF-2022. The prospective phase was used to build and describe
images of the future, in order to reduce uncertainty. The purpose is to explore, create and test alternative
scenarios to manage risk in the future. It can be perceived that there is a relationship between illegal
activities in the Arequipa Region with environmental problems, in addition to the situation of conflict
in the region; a history of corruption in previous conflicts can be evidenced, which has increased due
to acts of corruption by public officials, likewise it can be seen that these issues are related to social
conflicts in the region and with activities that affect the environment ambient. Corruption aggravates
the situation of social conflicts and pushes the population to violence, the regions and localities with
the highest rates of corruption should be monitored, as well as the presence of political actors with
extreme  pro-violent  ideologies.  The  IIAA  and  the  PNP  must  anticipate  actions  through  adequate
intelligence  and the management  of  essential  resources  for  their actions.  Regarding  the  presence  of
criminal organizations and gangs, work must be done in coordination with the Public Ministry, in order
to neutralize them.

Keywords: social conflicts, illegal activities, corruption, actions.

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Introducción
El  objetivo  de  nuestro  viaje  de  estudios,  fue  la  observación  de  la  realidad  y  el  acopio  de
evidencia en la Región Arequipa sobre aspectos relevantes en función al tema de estudio que se nos
fue  asignado:  medioambiental  y  conflictividad  social;  a  fin  de  analizar,  comprender  e  interpretar
fenómenos y sus contextos de manera integral, lo que nos permitirá llegar a conclusiones consistes y
proponer  alternativas  de  solución  viables  a los  problemas  definidos, los  cuales  servirán  de  insumos
para  el  diseño  de  políticas  públicas  a  cargo  de  las  autoridades  correspondientes.  Para  tal  efecto  se
visitaron las siguientes instituciones: III División de Ejército; INDEC; Corte Superior de Justicia; XI
MACRO REGIÓN PNP; III Zona Naval; Ala Aérea N° 3; Centro de Entrenamiento y Mantenimiento
de la Aviación del Ejército (CEMAE) – La Joya; Grupo Aéreo N° 4; Instituto Nacional de Estadística
e  Informática;  Cámara  de  Comercio  de  Arequipa;  Universidad  Nacional  de  San  Agustín;  Gobierno
Regional de Arequipa.
Durante el estudio se pudo apreciar in situ, cómo la amenaza medioambiental y conflictividad
social se vienen desarrollando en esta región, lo cual permitió realizar un análisis de la realidad sobre
la cual nos ha permitido realizar el desarrollo de nuestros informes e investigaciones sobre este tema
recurrente en la Región Arequipa.

Objetivos del Trabajo de Investigación
Objetivo General
Identificar los conflictos sociales y medioambientales que se encuentran activos y latentes en
la Región de Arequipa en el presente AF-2022.
Objetivos Específicos
Describir los conflictos sociales y medioambientales que se encuentran activos y  latentes en
todo el ámbito de la Región Arequipa, en el presente AF - 2022.
Analizar  los  conflictos  sociales  y  medioambientales  que  se  encuentran  activos  y  latentes  en
todo el ámbito de la Región Arequipa, en el presente AF - 2022.
Descripción del problema de investigación de la realidad.

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Problema Estructural
Los  problemas  estructurales  de  la  Región  Arequipa  están  centrados  en  una  cultura  de
achoramiento,  falta  de  confianza  de  la  población,  licencia  social,  intereses  y  una
desinstitucionalización;  también  sobresalen  la  pérdida  de  la  biodiversidad  biológica  por  uso
inadecuado  del  territorio  y  la  caza  furtiva,  pérdida  del  ecosistema  y  deforestación.  El  documento
denominado “Matriz de Prioridades Ambientales y Climática de la Región Arequipa” fue presentado
en la ciudad de Mollendo, durante el I Encuentro Regional de Comisiones Ambientales Municipales
27 de abr. de 2022. El incremento de la deforestación y degradación del ecosistema, así como la pérdida
de bosques, pastizales, incremento de contaminación de los suelos por inadecuado uso de sustancias
químicas, contaminación de aguas subterráneas, agotamiento y contaminación de acuíferos y la alta
contaminación  del  ambiente  constituyen  la  problemática  en  esta  región.  En  el  departamento  de
Arequipa se registraron tres conflictos sociales activos al mes de diciembre del 2021 según el reporte
mensual  de  conflictos  sociales  de  la  Defensoría  del  Pueblo.  Los  conflictos  sociales  son  procesos
complejos  en  el  cual  sectores  de  la  sociedad,  el  Estado  y  las  empresas  perciben  que  sus  objetivos,
intereses,  valores  o  necesidades  son  contradictorios  y  esa  contradicción  puede  derivar  en  actos  de
violencia.
El primer conflicto socio ambiental en Arequipa, se inició en noviembre del 2021 por parte de
los mineros informales de Calpa Renace que se enfrentaron al personal de seguridad de la empresa
minera  Inti  Gold  Mining  en  el  distrito  de  Atico,  provincia  de  Caravelí,  por  un  presunto  intento  de
desalojo de mineros informales. Dicha empresa estaría exigiendo el pago de regalías del 40% como
contraprestación  en  tanto  que  la  minera  señaló  que  los  mineros  informales  habrían  ingresado
ilegalmente a la unidad minera.
El  segundo  conflicto  se  registró  en  la  provincia  de  Caylloma  donde  sus  ciudadanos  se
movilizaron reclamando al gobierno nacional y gobierno regional de Arequipa exigir la ejecución del
Proyecto  Majes  II,  la  represa  Angostura,  el  asfaltado  de  la  vía  Vizcachani  a  Orcopampa  y  la
conformación de un fondo minero, siendo el Frente de Defensa de la Provincia de Caylloma, quien
impulsa estas movilizaciones ciudadanas.
El  tercer  conflicto  registrado  en  diciembre  2021  en  Arequipa  fueron  movilizaciones  de  los
pobladores de los distritos de Deán Valdivia, Cocachacra y Punta de Bombón de la provincia de Islay.
Los pobladores se oponen al proyecto Minero Tía María de la empresa minera Southern por temor a
posible daños ambientales y afectación a la agricultura. Este caso fue reportado en agosto de 2009. En
abril  de  2011  se  declara  inadmisible  el  Estudio  de  Impacto  Ambiental  (EIA)  mediante  Resolución
Directoral N° 105-2011–MEM-AAM. En agosto de 2014 se aprueba el EIA y el conflicto se reinicia
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produciéndose graves hechos de violencia. Actualmente, ante el vencimiento del plazo de vigencia del
EIA, el Gobierno le ha otorgado a la empresa la licencia de construcción. Esta decisión ha reavivado
las protestas en las provincias de Islay y Arequipa.
Mejores y Peores
El descontento con las autoridades es evidente. Solo el 5% está satisfecho o muy satisfecho con
la gestión del Gobierno Regional de Arequipa, 8% con la del municipio provincial y 11% con la de las
comunas distritales. Del mismo modo, hay alta insatisfacción respecto a la transparencia y lucha contra
la  corrupción  en  todos  estos  niveles  de  gobierno.  Apenas  tienen  4%,  7%  y  9%  del  respaldo  de  los
encuestados, respectivamente.
La identificación con Arequipa, es el rubro de mayor satisfacción. El 75% se siente bastante o
muy  satisfecho  con  Arequipa  como  lugar  para  vivir,  73%  elegiría  continuar  viviendo  aquí,  aunque
podría hacerlo en otra ciudad y 80% está bastante o muy identificado con Arequipa como su ciudad.
Pese a los buenos resultados respecto a la identificación con la ciudad, hay otros rubros afines
donde las opiniones no son tan positivas. Solo el 16% cree que el respeto entre las personas en Arequipa
es  alto  y  el  12%  cree  que  se  puede  confiar  bastante  en  otros;  también  entre  el  18  %  y  24%  de
encuestados, considera que en Arequipa hay discriminación por distintos motivos: condición social,
religión, sexo, origen o raza.
Servicios
El rubro mejor posicionado es el servicio de agua y desagüe, pues el 50% está satisfecho con
este; 48% lo está con el de energía eléctrica. En otros servicios públicos, como el recojo de basura y la
limpieza de la vía pública, la satisfacción baja y llega a 36% y 30% cada uno. Respecto a los servicios
de telecomunicaciones, el 30% está satisfecho con la telefonía fija, 40% con la móvil y 35% con el
internet.
La calidad de transporte tiene el peor nivel de satisfacción. Solo llega a 19%, mientras que el
35% está conforme con la disponibilidad de transporte público. En cuanto a la infraestructura vial y el
uso de movilidad alternativa, no supera el 30% de aprobación.
Otros  servicios  como  salud,  educación,  vivienda  recreación,  cultura,  seguridad  ciudadana  y
calidad  del  medio  ambiente,  tienen  un  nivel  de  satisfacción  menor  a  la  mitad  de  encuestados.  En
algunos casos, apenas llega a 9% y en otros, no supera el 45%.

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En  salud,  el  31%  dijo  estar  satisfecho  o  muy  satisfecho.  La  misma  cifra  cree  que  es  fácil
encontrar una vivienda para alquilar o comprar y un 26% considera que los lotes son accesibles. En
educación,  el  mejor  índice  de  satisfacción  lo  tienen  las  instituciones  de  nivel  superior  (41%).  En
seguridad ciudadana la percepción es baja, solo el 16% califica a Arequipa como un lugar seguro para
vivir.
En medio ambiente, el resultado más bajo es el de calidad del aire y control del polvo, solo el
9% piensa que son buenas. El mejor indicador es sobre el reciclaje, el 39% está satisfecho con la gestión
de este sector.
Respecto a otros servicios, el 28% está satisfecho con las actividades recreativas, deportivas y
culturales, 45% con los lugares para realizar compras, 37% con los servicios financieros y 23% con las
dependencias públicas.
La economía
Hay poca confianza. Apenas el 12% cree que su situación económica es mejor que hace un año
y solo el 13% considera que será mejor en los siguientes meses. Las cifras son similares respecto a
Arequipa. Solo 10% cree que la economía en la ciudad está mejor que el último año y 13% que estará
mejor en los próximos meses. En tanto, solo 17% piensa que es fácil encontrar empleo y 21% cree lo
mismo sobre emprender.
Más allá de la percepción, en el 2021 la economía regional mejoró en algunos indicadores como
las exportaciones (56.3%), pero enfrenta una mayor inflación, similar a la de todo el país (pasó de 0.2%
a 6.72%). Ya en el 2020, la cifra de hogares en pobreza subió a 17.3%.
Otros indicadores negativos en el 2020, es la tasa de actividad. La población en edad de trabajar,
bajó de 69.8% en el 2019 a 59% en el 2020, mientras que la tasa de desempleo subió a 12.3%. En el
año 2020, la agricultura fue el rubro en el que más trabajaron, pero el ingreso promedio mensual tuvo
una variación anual de -10.1%.
El porcentaje de la población de más de 25 años con educación superior, bajó a 39.4% en  el
2020. Por otro lado, las tasas de matrícula en primaria y secundaria, subieron ligeramente en 90.4% y
94.4%, respectivamente. En salud, bajó la cantidad de asegurados a 63.9%. Lo positivo es que hubo
menos  población  enferma  (12.7%  en  el  2020).  Esto  podría  ser  por  el  distanciamiento  social;  sin
embargo, las defunciones siguen subiendo.

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Respecto a vivienda, en el 2020 el porcentaje de hogares con agua potable y luz, bajaron a 96%
y 96.5%, respectivamente. Todo lo contrario, con el internet que subió a 55.3% en el 2020, en gran
medida por la pandemia.
Causas
Hemos identificado tres factores relevantes para entender la respuesta del Gobierno Central y
Gobierno  Regional  de  Arequipa  a  los  conflictos:  en  primer  lugar,  tenemos  la  falta  de  capacidades
institucionales, expresada tanto en falta de recursos como de procedimientos claramente establecidos
–protocolos de intervención- que orienten la acción pública. En segundo lugar, encontramos que, en
un contexto de crecimiento económico acelerado, expansión y ampliación de actividades extractivas y
de descentralización del gobierno regional, los desafíos que se presentan han excedido las capacidades
de respuesta tanto del aparato público como del sistema político, lo que va más allá de capacidades
institucionales rezagadas: implica también la necesidad de cambios normativos que se adecúen a la
situación  actual.  En  tercer  lugar,  encontramos  que  el  Estado  carece  de  políticas  de  largo  plazo  y  el
sistema político carece de actores consolidados, con lo que suelen encontrarse visiones contradictorias
respecto  a  qué  debe  hacerse,  y  las  decisiones  resultan  altamente  dependientes  de  funcionarios  o
autoridades  específicas,  que  además  tienen  alta  rotación;  el  resultado  es  una  suerte  de  parálisis  o
bloqueo institucional que se da tanto al interior de un mismo ámbito de gobierno regional o local. Tal
es así que las causas de manera general son la pobreza, expectativas de cambio de vida, populismo,
desempleo, extorsión, robo, hurto, violencia familiar, educación y desinstitucionalización.
Problema Coyuntural
Causas
La causa principal de la coyuntura en los conflictos sociales y socioambientales en la región de
Arequipa  (corrupción,  desigualdad  social  y  económica,  ausencia  del  estado,  falta  de  legislación  y
marco  institucional,  crisis  económica,    pobreza,  racismo)  dada  por  las  organizaciones  políticas
regionales,  así  como  las  organizaciones  no  gubernamentales  conjuntamente  a  la  población  que  se
desempeña  en  las  diferentes  organizaciones  y  sindicatos  de  trabajo  de  los  diferentes  medios  en
particular en el campo minero que dispone la región de Arequipa.
La imposibilidad de resolver problemas profundos desde el equilibrio, igualdad, libertad y la
omisión  a  un  trámite  adecuado  de  las  problemáticas  sociales,  situaciones  que  le  hacen  inviable  e
ilegítimo, donde se requiere hoy de una política que sea consciente de las relaciones entre los seres
humanos y de su naturaleza social, basado en la conciencia planetaria de degradación generada por la
producción humana.
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Hay problemáticas que demandan una estrategia de gestión de conflictos y de gestión pública
de una mayor envergadura. En ocasiones están atadas a casos individuales de conflicto social y se les
presenta como demandas que podrían ser atendidas en el corto plazo. Lo cierto es que son temas que
forman  parte  de  agendas  históricas  de  los  pueblos  y  frente  a  los  cuales  el  alcance  de  una  mesa  de
diálogo resulta insuficiente para un tratamiento a fondo. Por eso, nuestra conformidad con la estrategia
de  desarrollo  territorial  para  cerrar  brechas  anunciada  por  el  gobierno.  Proponerse  articular
competencias,  representaciones  políticas  y  sociales,  jurisdicciones,  emprendimientos,  dentro  de  un
plan de mediano plazo es buscar un impacto más profundo en la vida de las personas y una legitimación
mayor  del  estado  democrático.  Pero,  a  la  par  que  esta  estrategia  avanza  y  de  la  que  esperamos  un
documento oficial que la explique, el país actual y el que tendremos al final de la pandemia necesitan
un plan de corto plazo para hacerse cargo de los conflictos sociales y las mesas de diálogo pendientes
de atención. La sociedad ha comenzado a moverse. La pobreza, el desempleo, las débiles expectativas
de  los  próximos  meses  o  años  pueden  estimular  la  protesta  social.  El  Estado  debe  descifrar
correctamente  el  momento  actual,  renovar  su  discurso,  sus  herramientas  y  su  rol  para  enfrentar  las
demandas y tensiones nacidas de la pandemia, y el acumulado de conflictos sociales no resueltos.
Además, podemos observar a través de conversaciones en el Gobierno Regional, así como en
instituciones regionales que actualmente están involucradas en los conflictos sociales, debido a que el
gobierno otorgó la licencia de construcción al proyecto de Tía María en el 2019, se iniciaron  posturas
polarizadas  sobre  la  conveniencia  del  proyecto,  acompañadas  de  análisis,  en  muchos  casos,
superficiales sobre el valle del Tambo y su población.
Factores Limitantes de Solución
Normativo
La  gestión ambiental  en  el  Perú  se  ha  desarrollado  de  una  forma  desigual entre  los  sectores
involucrados. Dentro de la autoridad de cada sector, se han creado unidades responsables de regular el
control de la contaminación y del manejo ambiental. Entre los principales, tenemos el sector Energía y
Minas y su normatividad basada en las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), Gestión Ambiental
y  Planes  de  Adecuación  y  Manejo  Ambiental  (PAMA),  que  incluyen  además  a  los  subsectores  de
electricidad  y  de  hidrocarburos;  y  el  sector  Ambiente,  que  ha  actualizado  e  implementado  los
Estándares  de  Calidad  Ambiental  (ECA)  y  Límites  Máximos  Permisibles  (LMP)  para  aguas  con
diferente  uso,  suelos  de  uso  agrícola  y  aire.  Además  de  ellos,  se  han  establecido  también  unidades
ambientales  en  los  Ministerios  de  Producción,  de  Transportes  y  Comunicaciones,  y  de  Vivienda,
Construcción  y  Saneamiento,  por  lo  que  las  empresas  mineras  formalizadas  presentan  memorias
anuales e informes sobre su gestión ambiental, las cuales muchas veces solo quedan en intención y no
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se  condicen  con  los  impactos  ambientales  que  la  minería  sigue  produciendo;  por  ello,  la  gestión  y
control de la contaminación ambiental en el Perú, ha demostrado debilidades y vacíos importantes, que
incluyen variaciones en el desarrollo de regulaciones apropiadas para proteger el ambiente a través de
cada sector y una limitada capacidad de las instituciones para aplicar de manera efectiva y garantizar
el cumplimiento de esas regulaciones.
En el ámbito jurídico, se suele identificar las políticas ambientales con la legislación ambiental
existente, así como con las instituciones que ejercen funciones de relevancia en el tema de protección
al medio ambiente. Cuando nos referimos a las políticas ambientales, tenemos que tener presente la
legislación que desde 1990 se ha emitido en nuestro país; siendo que, en la Constitución Política de
1993,  se  reconoce  el  derecho  a  gozar  de  un  ambiente  sano,  como  un  derecho  fundamental  de  las
personas, del mismo modo, cabe mencionar la Ley N° 28611 Ley General del Ambiente, emitida en el
2005, que deroga al reemplazar en su materia al Código del Medio Ambiente y Recursos Naturales,
promulgado en el 1990.
Del mismo modo, tenemos la Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales,  Ley  N°  26821,  normatividad  sobre  áreas  protegidas,  sobre  protección  de  la  diversidad
biológica, regulaciones sectoriales mineras así como ambientales, hidrocarburos, manejo de residuos
sólidos, evaluación de impacto ambiental, manejo de pasivos ambientales, entre otras; pero no obstante
la existencia de tan  pródiga legislación, o la creación de instituciones específicas para la protección
ambiental (Ministerio del Medio Ambiente), no nos da la certeza de contar con políticas ambientales
eficientes, más allá de analizar si toda la legislación descrita se cumple o no.
Un problema adicional a la normatividad, muchas veces incumplida (sobre todo por la minería
informal y artesanal), se encuentra en que la normatividad ambiental se ha enfocado en instrumentos
antes  que  en  derechos;  es  común  preocuparnos  por  el  cumplimiento  de  instrumentos  como  el  fin
principal de nuestra normatividad ambiental, verificamos si determinado proyecto cuenta con estudio
de impacto ambiental, si está ejecutando su plan de manejo del Programa de Adecuación y Manejo
Ambiental, si sus emisiones se encuentran dentro de los parámetros preestablecidos, si se está dentro
de los límites máximos permisibles, etc, pero no se dispone como objetivo central el indagar si se está
cumpliendo con la protección del derecho fundamental a gozar de un ambiente sano; si bien todos
los  instrumentos  normativos  ya  descritos  son  útiles  para  la  protección  ambiental,  aún  se  advierten
insuficientes,  y  en  mucho  mayor  medida  cuando  el  incumplimiento  de  los  mismos  genera
consecuencias soportables y comparativamente menores a las utilidades que les genera la minería a los
operadores de esta actividad.

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En  Arequipa,  existe  un  considerable  número  de  operaciones  mineras,  muchas  de  ellas
formalizadas (las de mayor escala), y otras que operan sin el cumplimiento de la normatividad sectorial
y ambiental, no obstante, son diversos los efectos ambientales adversos producidos por la actividad
minera. En ese sentido, se ha identificado como amenaza a los recursos hídricos, a la contaminación y
al  agotamiento  de  los  acuíferos  (agua  subterránea).  La  Matriz  de  Prioridades  Ambientales,  que  fue
diseñada por la Comisión Ambiental Regional (CAR) de esta ciudad, señala como causa principal a
la  inexistencia  de  una  normativa  que  proteja eficientemente a  las  cabeceras  de  cuenca en  Arequipa
(Diario La República Sur, 2022).
Las  regulaciones  que  establece  el  Estado  dan  lugar  a  que  las  empresas  mineras  puedan
gestionarse en forma socialmente responsable, no se advierte la existencia de criterios jurídicos que
promuevan o incentiven asumir la Responsabilidad Social Empresarial, limitándose la normatividad a
establecer parámetros y requisitos para el funcionamiento de las empresas, así como las sanciones en
caso de incumplimiento.
La  gestión  empresarial  regida  por  criterios  de  Responsabilidad  Social  Corporativa  o
Empresarial, se caracterizan por su voluntariedad, habiendo sido asumida así por algunas empresas en
Perú, no obstante, existe normatividad, aunque aún escaza, que se viene implementando para promover
las  buenas  prácticas  sociales.  Los  actores  involucrados  en  la  actividad  empresarial,  sobre  todo  la
minera,  coinciden  en  que  es  necesario  desarrollar  mecanismos  que  promuevan  las  prácticas
socialmente responsables tanto por las entidades públicas, como por los capitales privados, así como
procesos de fiscalización en general.
Económico
El  crecimiento  económico  que  ha  experimentado  nuestro  país  en  los  últimos  años,  no  ha
generado una sensación de bienestar en la población sino al contrario, un mayor número de reclamos
y malestar por parte de ellos y esto se traduce en el aumento del número de conflictos sociales.
En muchos de los lugares, donde se asientan los proyectos mineros, la actividad económica de
la población local depende principalmente de la explotación de la tierra (agricultura y ganadería) y del
uso del agua como medio de producción y reproducción. Esto ha brindado la razón ideal a los activistas
para ejecutar tareas de movilización de la población para oponerse a cualquier actividad extractiva.

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El  PBI  de  Arequipa  se  ha  incrementado en  4%  en la  última  década,  llegando  incluso  al  per
cápita de 19,583.00 soles. Sin embargo, esta situación ha generado descontento en la ciudadanía, pues,
a pesar que las tasas de pobreza se han reducido no se ha resuelto y los conflictos sociales han seguido
en  aumento,  las  protestas  y  movimientos  sociales  son  provocados  por  consecuencias  económicas  y
sociales impuestas por el modelo de mercado predominante.
Con  relación  a  la  contaminación  ambiental,  el  pésimo  manejo  de  la  gestión  de  los  residuos
sólidos hace que el costo total para la limpieza pública, a nivel provincial —incluyen los servicios de
barrido, recolección, transporte y disposición final—, es de S/30 532 867.62, observándose que en el
ámbito  urbano  el  distrito  de  Arequipa  tiene  el  mayor  costo  con  7  674  000.00.  El  menor  costo
corresponde al distrito de Sabandía con S/14 147.62. En el ámbito rural, el distrito de La Joya dispone
del mayor costo con S/177 596.00, mientras que los distritos con menor costo son San Juan de Siguas
y Santa Isabel de Siguas PIGARS (2017, p. 83a).
El  trabajo  para  contrarrestar  los  efectos  de  la  contaminación  ambiental,  vía  la  presencia  de
residuos sólidos en las calles, consume gran parte del presupuesto asignado a los municipios; por tanto,
se  hace  imprescindible  “implementar  programas  de  educación  ambiental  y  la  promoción  de  la
participación  ciudadana,  la  cobertura  de  los  servicios  de  residuos  sólidos  e  incluso  la  recolección
selectiva; así como reducir, recuperar, reutilizar y reciclar los residuos” (Municipalidad Provincial de
Arequipa, 2022). Esto traería consigo no solo la reducción de gasto de recursos públicos, sino, una
mejora en la calidad de vida arequipeña.
Social
La contaminación por emisiones de polvo por una deficiente eliminación de dicho residuo del
proceso de chancado, por parte de la Minera Cerro Verde, producidas desde el año 2010, subsisten
hasta la actualidad, existiendo conflictos sociales con autoridades locales al respecto.
La  población  de  la  provincia  de  Caylloma,  viene  realizando  múltiples  protestas  por
incumplimientos  de  la  Empresa  Minera  Bateas,  filial  de  Fortuna  Silver  Mines  INC.,  respecto  a  los
compromisos asumidos en el Convenio Macro, como la contaminación del río Santiago, siendo que el
depósito de relaves mineros de esta compañía se encuentra a solo doscientos metros del río Santiago,
el cual se percibe contaminado; asimismo, se han generado conflictos sociales por el grave deterioro
de  la  carretera,  que  se  ve  perjudicada  por  el  frecuente  tránsito  de  transporte  pesado  de  camiones
pertenecientes a la Minera Bateas, así como de otras minas cercanas. La Empresa Minera Bateas centra
su actividad  en la extracción de plata, zinc y plomo, altamente contaminante del medio ambiente y
perjudicial para la salud humana.
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Otros conflictos mineros registrados son los acontecidos con minera Orcopampa, perteneciente
al grupo Hochschild Minig, conflicto acontecido por las actividades realizadas respecto a los proyectos
Tambomayo y Gaby, ubicados en los distritos de Lari y Tambomachay, provincia de Caylloma. Estos
conflictos están referidos a la necesidad de atención de demandas de responsabilidad social, como la
construcción de canales de regadío, la conformación de un fondo de inversión, etc. En el primer caso,
la  población  realizó  protestas  durante  el  mes  de  abril  exigiendo  la  atención  de  una  plataforma  que
incluía principalmente demandas de responsabilidad social, tales como la construcción de canales de
regadío, un fondo de inversión, entre otros. Asimismo, se reclama por el peligro de contaminación de
la laguna del nevado Suriwiri, lo cual afectaría a los distritos de Anchaca, Lloqueta, Visuyo, parte Baja
del Colca y al proyecto Angostura.
Se ha identificado la existencia de elementos contaminantes que constituyen un grave riesgo
para los pobladores de Chala, que podrían ver afectada su salud, con la presencia de elementos que
exceden  los  Estándares  de  Calidad  Ambiental,  en  el  suelo,  como  son  el  cobre,  arsénico,  plomo  y
mercurio, generalmente ubicados cerca al área de quimbaletes de las mineras artesanales. Asimismo,
se advierte la presencia de arsénico, cadmio, cobre y plomo en los sedimentos y mercurio en el agua,
del  mismo  modo  se  aprecia  incrementada  la  salinidad  del  agua,  la  presencia  de  cloruro,  sulfato,
coliformes termo tolerantes, E.coli, enterococcus, en las aguas aledañas. Respecto al aire, se percibe la
presencia de arsénico en el polvo sedimentable.

Aplicación de Metodología Prospectiva
Escenarios
La  construcción  de  escenarios  es  la  última  etapa  de  la  fase  prospectiva,  ayuda  a  construir  y
describir imágenes de futuro con el fin de reducir la incertidumbre. La finalidad es explorar, crear y
probar escenarios alternativos para gestionar el riesgo a futuro.
En el 2021 se han consolidado los megaproyectos, iniciados tras una planificación estratégica
articulada a las potencialidades y demandas globales, principalmente atendiendo el mercado de Brasil,
Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS). Evaluado el contexto internacional, se decidió aprovechar la
oportunidad de generar una nueva ruta hacia el mercado asiático, a través de la construcción del Puerto
Corío, que hoy atiende a los modernos buques SUPER POST PANAMAX con un calado de 22 metros
a más; en él se consolida la carga de los países sudamericanos, cuyos puertos solamente pueden atender
buques  de  poco  calado.  La  implementación  de  este  puerto  internacional  se  realizó  en  dos  etapas
(construcción y ampliación). El objetivo fue atraer el comercio del Pacífico sur y Asia; además, con
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fines de potenciar la actividad agroindustrial de El Valle de Tambo, se planteó la construcción de un
centro logístico base (HUB), que articula tres Hubs. El Hub Terrestre, que consiste en un terminal de
camiones en Corío; el Hub terrestre ferroviario, que cuenta con terminal de trenes; y el tercero consiste
en un HUB aéreo. Todo ello requirió una inversión de US$800'000,000.
Plataforma Productiva Exportadora de Arequipa, la visión de Arequipa al futuro, exige poner,
una región en el escenario económico comercial de Sudamérica y el mundo. Nuestra presencia allí nos
garantiza un territorio articulado hacia adentro y hacia afuera, con actividad productiva y una población
adecuadamente empleada con ingresos sostenibles. La estrategia para ello, es un conjunto de obras y
proyectos  de  infraestructura  sostenible,  que  conforman  la  denominada  Plataforma  Productiva
Exportadora  de  Arequipa,  en  ella  se  combinan  proyectos  de  tipo  privado,  público  y  mixto,  tanto
provinciales,  departamentales  como  macro  regionales,  a  ser  financiados  con  el  uso  de  nuevos
mecanismos como iniciativa de inversión privada, inversión en zonas por encima de los 2,800 msnm.,
inversiones en alianza públicas y  privadas, inversiones por impuestos, etc. Arequipa siempre ha sido
y  será  la  llave  económica  comercial  del  sur  del  Perú,  pero  hoy  necesita  ampliar  sus  límites  y
posicionarse en el contexto internacional, para ello es necesario tener un liderazgo de nuevo tipo, ser
líder  en  la  captación  de  inversiones  públicas,  privadas,  nacionales  y  extranjeras,  ninguno  de  los
proyectos  anteriormente  planteados  es  viable  solo  con  la  inversión  pública  o  inclusive  solo  con
inversión  nacional,  necesitamos  del capital  foráneo.  El  Perú  actualmente  es  país  de  interés  para las
inversiones  por  las  calificaciones  de  riesgo  que  en  los  últimos  años  le  dieron  las  agencias
internacionales, pero nuestra región no pudo captar, recircular esta inversión hacia nuestro territorio.
Para  ello  no  solo  debemos  tener  los  proyectos  a  nivel  de  factibilidad  formulados  y  los  estudios  de
localización  y  de  Benchmarking,  principalmente  debemos  “construir”  un  clima  favorable  a  la
inversión.
La presencia de conglomerados humanos en la Macro Región Sur tiene distorsiones, la ciudad
de Arequipa impulsada por las corrientes migratorias, es la única que concentra cerca de un millón de
habitantes, sigue el conglomerado de Cusco, y luego conglomerados menores como Juliaca, Puno y
Tacna;  por  ende,  surge  la  necesidad  de  implementar  un  conjunto  de  políticas  en  población,  para
fortalecer los mercados intrarregionales.

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Conclusiones
Se puede percibir que existe una relación entre las actividades ilegales en la Región Arequipa
con  los  problemas  ambientales,  además  con  la  situación  de  conflictividad,  se  puede  evidenciar
antecedentes  de  corrupción  en  conflictos  anteriores,  lo  que  se  ha  incrementado  por  los  actos  de
corrupción de funcionarios públicos; asimismo, se puede apreciar que estos temas tienen una relación
con los conflictos sociales en la región y con las actividades que afectan el medio ambiente.
Las  principales  causas  de  conflictos  están  asociadas  a  los  impactos  ambientales,  a  los
problemas  territoriales,  vinculados  en  muchos  casos  a  una  falta  de  consulta  previa  e  informada,  y
finalmente, a la lucha por obtener mayores beneficios tanto entre las comunidades y la empresa como
entre los niveles local y central de los gobiernos. Asimismo, en el Perú, del total de conflictos sociales,
el  63.9%  son  conflictos  socio  ambientales  y  más  de  la  mitad  de  ellos,  están  relacionados  con  la
actividad minera, de los cuales la región de Arequipa aporta con el 1.4% de los conflictos, teniendo 2
activos y uno latente.
Asimismo,  se  constató  que  las  autoridades  e  instituciones  públicas  han  ido  actuando  en
forma reactiva ante la situación, una vez que los conflictos han surgido debido en parte al poco interés
de  colaboración  entre  las  autoridades,  motivados  en  parte  por  intereses  ajenos  a  su  función,
evidenciándose el poco interés de fiscalización y seguimiento.

Conflictividad Social
Según  estimaciones  del  IPE,  los  conflictos  mineros  habrían  tenido  un  impacto  en  el  sector
minero-metálico por alrededor de 2.3 puntos porcentuales de crecimiento en el año 2021, lo cual quiere
decir que pudiendo crecer 12%, el sector mostró una variación de solo 9.7%, lo que también ha afectado
a la Región Arequipa.
La población ha perdido la confianza en sus autoridades por la ausencia del estado en esa región,
por constituir una zona de aprovechamiento de grupos ajenos, como actores políticos y organizaciones
criminales, a causa del escaso respaldo de sus autoridades y de la administración de justicia antes sus
reclamos.

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La presencia de bandas y organizaciones criminales ha incrementado otros delitos debido a la
impunidad en que se desarrolla, debido en parte a la ausencia de autoridades y a la evasión de controles
y fiscalizaciones de diversos delitos permitidos por parte de autoridades y funcionarios corruptos Esto
ha favorecido su accionar, desde la minería ilegal hasta otras actividades que ha conllevado, en cierta
forma, al financiamiento económico de estas organizaciones delictivas.
Mineros ilegales aprovechan la escasa presencia de las FFO en la zona para realizar actos de
criminalidad organizada (sicariato, extorsión, robos y otros) con el fin de imponer sus intereses. Para
el logro de sus objetivos contratan delincuentes armados de otras partes del país (sicarios, delincuentes
avezados y otros). Los diferentes bandos de mineros informales estarían esperando el levantamiento
del estado de emergencia para retomar las acciones armadas y recuperar la posesión de las áreas de
explotación minera.
Hay  una  relación  en  la  compra  de  minerales  de  parte  de  las  empresas  que  promueven  la
dependencia  económica  de  la  población  con  la  minería  informal,  ello  permite  la  existencia  de  una
compleja  red  de  actores  alrededor  de  la  explotación,  procesamiento,  acopio,  refinación  y
comercialización con límites dudosos entre la formalidad y la informalidad, así como la presencia de
organizaciones delictivas que agravan la situación de conflictividad.
Las realizaciones de protestas sociales en contra de los proyectos mineros cuentan con el apoyo
de  las autoridades  locales; esto  evidencia  que  existen  factores  externos  con  intereses  ajenos al  bien
común con el fin de obtener réditos económicos y políticos.
Incremento de la minería informal a través de los permisos otorgados por el MINEM, quienes
han  logrado  obtener  beneficios  a  través  de  la  coacción  al  estado;  inclusive  buscando  legalizar
actividades económicas ilegales o informales, apañados por malos funcionarios.

Problemática Medioambiental
Se han identificado 133 problemas ambientales en la región, de los cuales el 36% se encuentra
por resolver y el 64% se encuentran resueltos.
Presuntos actos de corrupción de funcionarios encargados de las autorizaciones, así como de la
fiscalización de las actividades mineras y otras actividades económicas como la curtiembre.
La OEFA detecto entre las principales actividades que contaminan generando impactos ambientales
que pueden causar perjuicio a la salud de las personas, flora y fauna, a las actividades industriales de
curtiembres, mineros informales e inadecuado manejo del botadero municipal.
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Sobre explotación y captura de especies hidrológicas mediante la pesca en zonas prohibidas y
con explosivos, afecta los ecosistemas y el aumento de la población de las especies.
Incendios esporádicos o provocados, además de áreas deforestadas, con ello se ven afectadas
gran parte de la flora y fauna de esa zona, así como los relaves mineros.
La  falta  de  una  adecuada  formalización  minera  por  parte  de  las  autoridades  regionales  y  el
seguimiento  minucioso  al  proceso  de  cierres  de  minas,  provoca  que  mineros  ilegales  e  informales
realicen actividades de minería informal sin la debida autorización.

Recomendaciones
La  corrupción  agrava  la  situación  de  los  conflictos  sociales  y  empuja  a  la  población  a  la
violencia, se debe monitorear las regiones y localidades que se encuentra con los mayores índices de
corrupción, así como la presencia de actores políticos de ideologías extremas pro violentistas, las FFAA
y la PNP deben prever acciones mediante inteligencia adecuada y la gestión de recursos indispensables
para  su  accionar.  En  cuanto  a  la  presencia  de  organizaciones  y  bandas  criminales  se  debe  trabajar
coordinadamente con el Ministerio Público a fin de neutralizarlos.
Se  debe  fortalecer  la  presencia  de  las  FFAA  y  de  la  PNP  en  puntos  críticos;  asimismo,
desarrollar acciones de fortalecimiento de la confianza de la población en las FFAA. La PNP se debe
ubicar  en  zonas  estratégicas  para  evitar  el  bloqueo  de  vías  que  perturben  el  normal  tránsito  de  los
vehículos  de  transporte;  además,  estas  acciones  se  deben  acompañar  con  la  presencia  de  otras
organizaciones  y  elementos  del  estado  responsables  de  atender  las  necesidades  básicas  de  las
poblaciones que se encuentran en el área de influencia.
Promover  el  acceso  a  la  información  simple  y  clara  en  el  idioma  local  mediante  talleres
informativos  durante  todo  el  desarrollo  de  los  proyectos  beneficiaría  a  los  actores  involucrados,
generalmente a los proyectos mineros que se ubican en las regiones más pobres del país por lo que el
acceso al internet no es una prioridad de muchas comunidades lo que ha ocasionado una ausencia de
información,  aprovechado  por  terceros  que  buscan  o  tienen  otros  objetivos,  asimismo,  promover  la
consulta  previa  y  los  beneficios  a  las  comunidades  afectadas  buscando  que  lleguen  al  completo
entendimiento del proyecto y el compromiso de las empresas con los convenios suscritos.

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Por otra parte, debe promoverse desde el Gobierno Regional con otros actores involucrados la
idea del clúster minero que fomente el desarrollo minero con valor agregado, con una concentración
geográfica de la actividad económica; lo cual requiere de la conformación de una red de colaboración
entre los principales actores: empresas mineras, proveedoras, academia y estado, que trabajen de forma
articulada, con una visión compartida y objetivos comunes como sector.
La  adicción  a  la  Iniciativa  para  la  Transparencia  de  las  Industrias  Extractivas  (Extractive
Industries Transparency Initiative EITI); lo que nos permitirá recibir la calificación de país cumplidor
con el objetivo de consolidar y mejorar la gobernabilidad, combatir la corrupción y la pobreza, reducir
los conflictos con las ofrece al país, a través de la transparencia y la rendición de cuentas” (Iniciativa
de Transparencia de las Industrias Extractivas en el Perú, ITIEP, 2011-2012).
Es fundamental que el gobierno regional de Arequipa en convenio con el MINAM (OEFA) y
el MINEM cuenten con una oficina que monitoree constante y estrictamente el completo ciclo de los
proyectos mineros, incluyendo un adecuado cierre de minas que ha dado origen a uno de los grandes
costos  que  actualmente  enfrentan  la  sociedad,  producto  del  legado  de  muchos  años  de  explotación
minera sin la supervisión y control ambiental de parte de las autoridades regionales, que generaron un
número considerable de problemas socio ambientales.
Promover la aceleración de la ejecución del proyecto Majes Siguas II, lo que permitirá convertir
a  la  Región  Arequipa  en  líder  de  generación  hidroenergética,  con  la  instalación  de  la  central
hidroeléctrica, de proyección agrícola.
Incrementar el diálogo entre los actores involucrados, población, estado y empresa, dejando de
un lado la estigmatización política e ideológica, a fin de llegar a un punto medio de concertación donde
prime la tolerancia, el respeto, la confianza y la justicia, acompañados de una acción conjunta de los
diferentes organismos del estado para hacer confluir en la elaboración y aplicación de políticas públicas
que garanticen el desarrollo nacional.
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